La audiencia en la que este jueves se tratará la última recusación presentada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa por el atentado contra su vida “se llevará a cabo de manera presencial”, informaron fuentes judiciales, que descartaron que se vayan a transmitir imágenes en vivo.

“En atención a lo solicitado precedentemente por el Dr. (Marcos) Aldazábal y para garantizar la publicidad de la audiencia, hágase saber que el informe oral se llevará a cabo de manera presencial el día 2 del corriente mes a las 12, en la sede de este Tribunal”, resolvió el camarista federal Leopoldo Bruglia.

La querella encabezada por los abogados Aldazábal y José Manuel Ubeira había pedido que la audiencia “se lleve a cabo de manera oral y pública, para que pueda ser transmitida por los medios que V.E. (vuestra excelencia) estime conveniente”, aunque el objetivo era que se habilitara su difusión en vivo, que se iba a realizar por la plataforma Zoom.

El planteo de la querella ante la Cámara Federal porteña había sido presentado en la tarde del martes y allí se sostenía que “la publicidad de todas las audiencias -pero más aún las que revisten tal trascendencia para la ciudadanía- de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación conduce a una mejora de la calidad institucional”.

Los letrados agregaron allí que “no sólo se trata de un caso al que esta Cámara ya se ha referido como de gravedad institucional, sino, además, de una circunstancia en la que se discuten temas básicos para nuestra sociedad, como lo son separación e independencia de poderes y la conducta que deben respetar los funcionarios públicos”.

En tanto, fuentes judiciales señalaron que la audiencia podrá ser presenciada por los periodistas que quieran cubrirla y que estos podrán grabar los audios de la exposición de los abogados querellantes, a la vez que se podrá tomar una imagen “oficial” ante del inicio.

Días atrás, Capuchetti rechazó la última recusación presentada por la querella, en la que se puso en duda su imparcialidad, luego de que trascendiera que realiza labores académicas rentadas en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad de Buenos Aires.

Esta última recusación había sido presentada por la querella de Fernández de Kirchner el 9 de enero último y allí se le achacó a la magistrada una presunta “dependencia” del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

“Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, señaló ese día la ex mandataria en sus redes sociales.

Por su parte, los letrados de la vicepresidenta indicaron al solicitar esta recusación que la jueza “Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014.

Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana. Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como “irregularidades y arbitrariedades” cometidos por la jueza “desde el primer día” de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1º de septiembre de 2022