La Cámara Federal confirmó este martes la decisión de someter a un juicio en ausencia en el país a los ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens.

Así el El Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo del juez federal  Daniel Rafecas y los imputados enfrentarán el juicio acusados de planificar y ejecutar el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

Los iraníes y libaneses imputados podrán enfrentar el proceso judicial sin necesidad de comparecer físicamente en el país. Es inédito para el sistema judicial argentino.

La Unidad Fiscal AMIA deberá presentar  el pedido de procesamientos ante el magistrado para que la causa avance hacia la etapa de elevación a juicio. Luego se realizará el debate oral y público.

El ataque a la mutual judía constituye el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Los acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman o Salman El Reda, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Las órdenes de captura, alertas rojas de Interpol y declaraciones de rebeldía están vigentes.  

El defensor público oficial Hernán Silva había apelado la decisión de Rafecas porque sostuvo que la norma no podría aplicarse en forma retroactiva a hechos anteriores a la sanción y calificó al juicio en ausencia como una figura “abiertamente incompatible con los principios de defensa material, inmediación y contradicción”. Consideró que “no hay defensa sin voz del imputado, sin la posibilidad de explicar, contradecir, elegir”.

"La actividad realizada hasta hoy permite tener por reunidos los requisitos de la ley 27.784 para la prosecución del proceso en ausencia de los imputados. En lo que sigue (en atención a la objeción de la defensa), deberá la anterior instancia asegurar que a través de los canales diplomáticos y consulares correspondientes se canalicen las notificaciones del caso, respecto de la aplicación del procedimiento y los derechos de los implicados ante ello", sostuvo en su voto el camarista Martín Irurzun.

Al rechazar la apelación de la defensa oficial, el juez consideró que no hay  motivos “que descalifiquen constitucionalmente la aplicación del sistema, tal como fue regulado. Se trata de una herramienta excepcional, cuya implementación se limita a los crímenes más graves del derecho de gentes, en consonancia con compromisos fuertes que ha asumido la Argentina ante la comunidad internacional”.

Además señaló que el juicio en ausencia "no implica violación del principio de legalidad; tampoco una afectación concreta al derecho de defensa en juicio, con arreglo al alcance que la Constitución, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte le han otorgado".

"La finalidad sigue siendo, entre otras, el descubrimiento de la verdad de lo acontecido, que exige agotar la producción de todas las medidas e investigar cualquier hipótesis verosímil sobre los eventos, abordando para ello las pretensiones de las partes acusadoras y de defensa", agregó el magistrado. 

El camarista Llorens sostuvo que el atentado terrorista ocurrido en la sede de la AMIA "constituye uno de los hechos de máxima gravedad producido por el terrorismo internacional en nuestro país”.

“Las distintas causas que se abrieron como consecuencia de ese episodio, y las innumerables marchas y contramarchas que atravesaron cada uno de esos procesos, determinaron que, luego de transcurridos más de 30 años, la investigación judicial no haya avanzado -hasta el momento- en torno a la sanción a los responsables de la agresión terrorista más trascendental y fatídica de la historia argentina”, agregó.

"El Estado iraní siempre se negó a entregar a sus conciudadanos provocando que la causa se mantuviese en un virtual estado de paralización frente a la imposibilidad de avanzar en ausencia de los principales imputados" y al respecto las intenciones que sustentaron la sanción de la Ley 27784 de juicio en ausencia "evidencian, con absoluta claridad, que el objetivo central de ese instrumento jurídico procura el avance del proceso penal y el juzgamiento de lo ocurrido, removiendo un obstáculo legal, hoy insalvable”, agregó.