A diez días de haber sido sancionados por el Senado, el Gobierno recibió este lunes los proyectos de aumento de las jubilaciones, extensión de la moratoria previsional y declaración de la emergencia en discapacidad. Las tres iniciativas fueron criticadas por la Casa Rosada y se espera el veto por parte del presidente Javier Milei.

Los tres proyectos fueron firmados por los titulares de ambas cámaras legislativas y el Senado los envió hoy al Ejecutivo, por lo que empezó a correr el plazo de diez días hábiles para que el líder de La Libertad Avanza pueda vetarlos. En efecto, tendrá tiempo hasta el próximo 4 de agosto para hacerlo.

"Vamos a vetar y, si se diera la circunstancia que el veto se cae, lo vamos a judicializar", anunció Milei, días atrás, durante un acto por el 171º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Y si  la Justicia tuviera un acto de celeridad con algo que lleva muchos años, aun así el daño que podrían causar sería mínimo, porque el 11 de diciembre se lo vamos a dar vuelta", agregó el Presidente, confiado en lograr un buen resultado en las elecciones legislativas de octubre.

Las claves de las leyes aprobadas por el Senado

Pese al rechazo de la administración libertaria, la Cámara Alta aprobó y convirtió en ley el proyecto que otorga un aumento de emergencia a los jubilados. La iniciativa, que tuvo 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones, dispone una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70.000 a $110.000 y se actualizaría por inflación.

Si el proyecto superara el filtro del Gobierno -algo que el Ejecutivo ya dijo en varias oportunidades que no ocurrirá-, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $62.273; es decir un 16,4%.

Asimismo, el Senado sancionó por 39 a votos a favor y 14 en contra un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional. Esto permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

La iniciativa dispone la extensión por dos años de la moratoria que perdió vigencia el 23 de marzo pasado y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

Con la nueva moratoria, podrían jubilarse unas 220.000 personas, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Actualmente, quienes no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

En tanto, otra de las normas aprobadas en el Senado -por 56 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención- declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y obliga al Ejecutivo a garantizar un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. También dispone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.