El gobierno bonaerense autorizó un nuevo cuadro tarifario con incrementos promedio de 18% en los aranceles educativos a partir de agosto y de un 9% en septiembre. La habilitación oficial se conoció el mismo día en que la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), que agrupa 2.300 institutos bonaerenses reclamara un “urgente” incremento en los aranceles. Aunque pidieron un 22%, retroactivo a julio y proponían cobrar ese nuevo ajuste prorrateado en 5 cuotas.

 

 

La disposición oficial también modifica los valores de la cuota de septiembre y en este caso será del 9% por sobre el monto que regirá desde agosto. En apenas dos meses el servicio que pagan las familias que envían a sus hijos al sistema educativo no oficial (incluye las escuelas parroquiales) habrá aumentado un 27%.

La última modificación fue del 4% para julio y con la medida de este viernes, Kicillof habilitó variaciones que suman 67% desde principios de año hasta septiembre incluido. El gobernador afronta este escenario a poco más de dos semanas de las elecciones, cuando resulta difícil autorizar aumentos que impactan sobre miles de familias.

Valores de agosto

Desde el próximo mes, el valor del servicio para establecimientos que dictan jardín de infantes o primaria irá de 7.387 pesos a 33.384 pesos mensuales. Depende del porcentaje de subsidio que reciben y los secundarios o escuelas técnicas podrán cobrar entre 8.141 pesos y 49.651 pesos.

Hasa ahora un instituto de jardín o primaria con 100% de subsidio cobra un máximo de 6.200 pesos. Si el aporte es del 40%, la cuota llega hasta 28.200 pesos y con el aumento del 18%, son entre 1.100 y 5.100 pesos más. En el caso de las secundarias, esas categorías son 6.800 y 36.800 pesos respectivamente por lo que acá el tarifazo impacta con hasta 13.300 pesos más en un solo mes.

 

Hace una semana, el gobierno provincial cerró un acuerdo con el Frente Gremial Docente por una mejora salarial de 45% en tres meses. El 30% se pagará con los haberes de julio (primeros días de agosto) y el tramo de 15% en septiembre. El convenio prevé, además, una nueva revisión para evitar que el salario se aleje de los índices inflacionarios.

Kicillof buscó consolidar su relación con los gremios estatales, también ofreció esa paritaria al resto de los empleados de la administración, la Justicia y el sistema de salud y representa un aumento del 82% entre febrero y septiembre.

Palabra del gremio

Pero su intento por contener al sindicalismo que apoya su candidatura a la reelección, a un mes de las PASO, provocó un efecto de frazada corta. Los que quedaron descubiertos son los empresarios y responsables de los colegios privados que reciben subvención del estado para parte o la totalidad del pago de sueldos.

Según explicaron en Aiepba, “luego del acuerdo paritario del 30% dispuesto para los docentes estatales y los índices inflacionarios vigentes hubo una desestabilización económica de los colegios, por los desfasajes acumulados”. Esto motivó que para pagar salarios y gastos, las entidades tuvieran que acudir a créditos desde mediados de 2022, dicen en la entidad.

 

Por eso, los privados enviaron un pedido formal a la Dirección de Escuelas, para autorizar un nuevo esquema en las tarifas. Y el jueves remitieron una carta documento al organismo.

Este viernes, después de conocida la resolución de la Dirección de Escuelas provincial, en Aiepba dijeron que es "insuficiente" y que seguirán "reclamando una solución integral para los graves inconvenientes que atraviesa el sector".

Comparación de aumentos

En tanto, el aumento de los aranceles en 2022 fue de 89,3%, mientras que los salarios docentes crecieron un 106,7%. La comparación, extendida de diciembre de 2021 a mayo de 2023 sería: sueldos 197,8%; inflación según Indec, 177% y cuotas de institutos, 143,8%.

Una pérdida “sostenida de matrícula y un alto nivel de morosidad que supera el 25%”. Esto provocaría el “probable cierre de muchas instituciones y las pérdidas de fuentes de trabajo consecuente”, según explicó el director ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita.

 

El reclamo de retroactividad a julio es porque los establecimientos educativos ya facturaron y deberán afrontar la mejora salarial con la cuota “atrasada”. “El 90% del costo de funcionamiento de un colegio es el aporte laboral. Con el último incremento salarial del 30%, más la suba en las asignaciones familiares, y la incorporación de nuevas licencias al personal, se hace necesaria una actualización de aranceles o algún otro tipo de medida que contribuya a aliviar la situación delicada que vienen atravesando cientos de colegios”, explicó Zurita.

Varios colegios privados

En Provincia hay casi 6.200 unidades educativas de gestión privada, de la que asisten 1,4 millones de alumnos. El 80% de esas instituciones recibe aportes del Estado para pagar salarios y la diferencia y los cargos no docentes los debe liquidar la institución. Por eso, la provincia fija una “franja arancelaria” y un “tope” para cada categoría y para cada nivel de educación.

Por otro lado, hay casi 1.300 colegios con arancel libre, y no reciben subsidios y tampoco piden permiso para aumentar las cuotas. El gobierno nacional intentó en febrero incluir los servicios educativos en los Precios Justos. Algunas entidades firmaron un compromiso para no aumentar más de 3,5% entre marzo y junio, pero la inflación desmoronó ese plan.