Mañana será un día clave. Según indicaron fuentes oficiales a cronica.com.ar el próximo jueves, desde las 10, se realizará una audiencia por el aumento de la tarifa del servicio de agua en forma virtual, y allí Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) pedirá un aumento acumulado de 32% en dos tramos, el primero de 20% en julio y otro de 10% en octubre.

Al mismo tiempo, la empresa estatal no descarta reclamar un tercer incremento tarifario, mientras que también solicitará más adelante adherirse al sistema de segmentación que regirá para las tarifas de gas y electricidad. Además, la rúbrica avanza con la instalación de medidores. De esta manera, para lograr este reajuste, AySA propone un alza inicial del coeficiente de modificación "K" que pasaría del actual valor de 37,2918 a 44,7502 a partir del 1° de julio, más otro incremento en octubre hasta 49,2252. La Audiencia Pública, que estará a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), se desarrollará mediante una plataforma digital y la instancia de participación será presidida por el secretario de Obras Públicas, Carlos Augusto Rodríguez, en uso de las facultades de Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, mientras que la intención de la compañía presidida por Malena Galmarini es reclamar más adelante otro incremento para acercarse a la zona del 40% establecido para la tarifa eléctrica.

En tanto, la compañía pretende, a corto plazo, lograr la inclusión de la facturación de agua en el esquema de segmentación que se aplicará a consumidores más pudientes de los servicios de luz y gas.

En esta línea, avanza con la instalación de medidores en las nuevas obras, con el objetivo de hacer más eficiente el consumo y concienciar a los usuarios sobre el uso responsable de este recurso cada vez más honeroso en el mundo. Tarifa de agua, costo y detalles

En la actualidad, la tarifa que AySA cobra a los usuarios -promedio general de 312 pesos por agua y cloacas- cubre sólo 37% de los gastos operativos de la empresa, estimados en unos 90.000 millones de pesos anuales para 2022. Pero sin los aumentos que este jueves pedirá la empresa en la audiencia pública, sólo representaría 18% de esos costos.

AySA, que brinda servicios a más de 3,2 millones de usuarios en Capital Federal y 26 partidos bonarenses, hizo el último ajuste trifario en 2019 cuando aumentó el servicio un 17% en enero y otro 27% en mayo. Sólo entre esta última fecha y diciembre de 2021, la inflación acumulada fue de 160%. Además, e n lo que va de 2022, los precios ya aumentaron cerca de 30%.

El 90% de los usuarios residenciales pagan menos de 518 pesos por mes por el servicio de agua y cloacas, mientras que el 10% restante -viviendas de gran superficie en zonas de alta valorización inmobiliaria- abonan un promedio de sólo 858 pesos con impuestos incluidos. 

Así las cosas, la mejor relación en esta ecuación de tarifas y costos se remonta a 2016, cuando fue de 77%. Sin embargo, la situación fue deteriorándose desde entonces. En la empresa señalan que la administración que finalizó con el gobierno de Mauricio Macri dejó en 2019 a AySA con un notable atraso en los pagos a los proveedores que llegaban hasta los 210 días, que debieron recortar los gastos con tarjetas corporativas del personal directivo y renovar la flota de vehículos.

Según se indicó en la actualidad esta tarifa cubre apenas 30.000 millones de pesos de los gastos operativos y el aumento que reclama AySA significaría un ingreso adicional de 3.400 millones para 2022. 

Sumado a los gastos operativos, las erogaciones de Mantenimiento y Mejora para 2022 tienen una previsión de 73.704 millones, un salto de 240% en relación con 2021. AySA cuenta hoy con 1.408 obras activas en su área de concesión. En conclusión, de pretenderse que lo que paga un usuario cubra el 100% de los gastos operativos, la tarifa debería triplicarse, mientras que si se agregara el resto de las erogaciones -hasta un total de $160.000 millones- debería multiplicarse cinco.

Medidores de agua o canilla libre

De acuerdo con datos de la empresa, los hogares con medidores instalados registran un consumo promedio de 20.000 litros de agua por mes (20m3), un valor superior en relación con otras ciudades del mundo.

En tanto, los hogares en régimen de cuota fija (sin medidores) tienen consumos aún superiores con derroches y pérdidas internas que no son controlados por tratarse de un sistema de canilla libre. AySA ya está instalando medidores en las nuevas conexiones -lleva unos 10.000 en lo que va de 2022- y prevé llegar a un total de 40.000 cada año. Junto con otros organismos gubernamentales, lanzó una licitación para la compra de unos 400.000 medidores.

Otra dura realidad que encareció el servicio de agua: la guerra Rusia Ucrania

Siete de cada diez pesos que gasta la empresa son destinados a electricidad, salarios, productos químicos y otros destinos operativos. 

El alza de los productos químicos subió 99% en el último año, algo similar a lo que pasó con los costos de la energía que agudizó las cuentas de todas las empresas de servicios públicos en medio de la guerra de Rusia a Ucrania. Ademas, las paritarias del gremio ya están en el 45% y seguramente serán revisadas en medio de una inflación que ya navega en la zona del 60%.

AySA es una empresa "electrodependiente". Los procesos de potabilización y depuración, y el bombeo de agua y cloacas requieren de un alto consumo de energía. Los gastos en este rubro fueron de 5.500 millones de pesos en 2021, pero ascenderán a unos 10.600 millones este año.

Por su parte, fuentes de la compañía reconocen que en enero de 2020 habría que haber aumentado con fuerza la tarifa, si se hubiese querido cubrir todos los gastos mencionados, algo que ven inviable en términos sociales.

Pero también afirmaron que se debe considerar que por cada dólar que se gasta o invierte en agua y saneamiento, se ahorran otros 7 en el sistema de salud.

La propuesta que llevará la empresa a la audiencia contempla también continuar con el régimen de tarifa social para unos 250.000 hogares con un presupuesto inicial de 1.052 millones de pesos que, en principio, deberian ser cubierto con aportes provenientes del gobierno porteño y de la provincia de Buenos Aires.