Tal como lo adelantó el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que conduce Miguel Pesce presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de las leyes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "gravan los títulos públicos y actividades reguladas por el BCRA con el impuesto de ingresos brutos".

La presentación judicial de la autoridad monetaria tensa aún más la relación entre el gobierno nacional y el porteño. Atrás quedó el consenso demostrado en marzo cuando se anunciaron medidas  por la pandemia del coronavirus. El punto de inflexión en la buena relación fue la quita de fondos de coparticipación (recibidos por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri) aprobada por el Congreso de la Nación. El presidente del Central, Pesce, ya había advertido a la Ciudad por la decisión de gravar instrumentos monetarios a través de una carta sin el efecto esperado, ahora la cuestión la definirá la Corte Suprema. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó que el anuncio de un nuevo paquete de impuestos es para compensar la quita de recursos de la coparticipación aprobada por el Congreso.

 

Ahora, la autoridad monetaria informó que la inconstitucionalidad fue pedida sobre los artículos de la Ley Tarifaria 2021 y Presupuesto 2021, aprobadas ayer por la Legislaturas porteña. Esas normas prevén la imposición efectiva del impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades consistentes en operaciones de pases, los activos subyacentes o colaterales y operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA. En la presentación, el Central solicitó que "se ordene la inmediata suspensión de los efectos de la normativa señalada, debiendo ordenarse al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de aplicar el gravamen aludido".

 

 

La semana pasada, el ministro de Economía, Martin Guzmán, aseveró que el Gobierno nacional iba "a utilizar todas sus herramientas para impedir" que la Ciudad de Buenos Aires o cualquiera de las provincias intente gravar con el impuesto a los Ingresos Brutos algún instrumento de política monetaria.

 

De la misma manera, ante el anuncio semanas atrás de la decisión de gravar ambos títulos, Pesce había criticado la idea en una carta al jefe del Gobierno porteño  Rodríguez Larreta, asegurando que el impuesto distorsionaría "la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria" ya que se trata de instrumentos que son la contrapartida de los depósitos a plazo fijo de ahorristas y empresas. Ahora la entidad monetaria, tras la aprobación de leyes presupuestarias y tarifarias de ayer por la Legislatura porteña, reiteró en su presentación judicial que “se encuentran en juego cuestiones de máxima gravedad institucional”. En ese sentido, advirtió que “el gravamen a aquellas actividades e instrumentos que hacen a la política monetaria nacional genera o puede generar una grave afectación de la economía en su conjunto”. Las leyes aprobadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gravan operaciones que impactan en forma directa en la política monetaria cuya ejecución le corresponde al BCRA, en virtud de lo dispuesto por los arts. 75 incs. 6 y 11 de la Constitución Nacional, por lo que la norma local “resulta incompatible con el derecho federal y el texto constitucional”.