Siguen apareciendo elementos que refuerzan la denuncia del Gobierno de Bolivia de que la gestión del ex presidente Mauricio Macri colaboró con los sectores que forzaron la salida de Evo Morales del poder en Bolivia, en noviembre de 2019, a través del envio de "material bélico" que habrían recibido fuerzas militares del país hermano para usar en la represión de la protesta social que se estaba registrando contra el gobierno de facto encabezado por la entonces senadora Jeanine Áñez.

Hpy, el embajador de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia, aseguró que "se ha corroborado que hay un ingreso de una nota" junto al material bélico que el gobierno de Macri había enviado a Bolivia por aquellos días. "Es decir, no solo está la nota en el archivo -en referencia al texto de agradecimiento de un jefe militar boliviano a la embajada argentina con la cual se formuló la denuncia-, sino se ha certificado su ingreso junto a los materiales bélicos que enviaron al país", afirmó el embajador esta mañana en diálogo con Radio 10. Tapia agregó que "la mentira tiene patas cortas, los que hicieron cosas que no debían, tienen que estar presos", y sostuvo que el pueblo boliviano no quiere "ni olvido ni perdón, sino justicia". Agregó que las pruebas con que se cuenta "ameritan un proceso para esclarecer quién dice la verdad y quién miente".

"Lo que sucedió en Bolivia es un hecho muy triste, murieron muchos bolivianos, otros quedaron mutilados, familias desintegradas", reflexionó el diplomático, al referirse a la dimensión del conflicto en Bolivia y, por tanto, cuál la responsabilidad de quienes colaboraron. Consultado sobre el rol de la ex ministra de Seguridad del gobierno anterior, Patricia Bullrich, en los días del golpe en Bolivia, Tapia dijo que "siempre mintió" al sostener "que habían protegido y que habían sido humanitarios, cuando la realidad es que no le permitieron asilo a Evo Morales".y recordó además que  "nos trato de delincuentes y narcotraficantes".

Posteriormente destcó que fueron los presidentes argentino, Alberto Fernández, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "los que hicieron todos los trámites para poder sacar a Evo Morales de Bolivia".

En tano, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, aseguró que "existe la posibilidad de llamar a declarar a algún funcionario argentino" del Gobierno de Macri, en el marco de la investigación sobre el envío de material bélico al país vecino, "pero eso le tocará definir a los fiscales y jueces de Bolivia".

En declaraciones a Radio del Plata, Mayta explicó que hay dos investigaciones en curso, una por "ruptura del orden constitucional" y otra por "las graves violaciones de los derechos humanos" y señaló que "según cómo evolucionen" se evaluará "la posibilidad de iniciar una nueva denuncia en otro escenario".

Soria, contundente: "El Código Penal les queda chico a Macri y compañía"

En la misma linea argumental que el embajador de Bolivia se expresó también esta mañana el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien sostuvo que "el Código Penal argentino les queda chico a Mauricio Macri y compañía. No solamente se los investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio y las penurias en las que sumergieron a todos los argentinos, sino también en otros países, por delitos graves". Seguidamente, consideró que "Macri cargó las armas de la dictadura boliviana", en diálogo con Radio 10.

Soria indicó que "los hechos son muy graves" y que "el propio embajador" argentino del Gobierno de Macri, Normando Álvarez García, "está diciendo que su propio jefe, Mauricio Macri, no brindó apoyo humanitario, sino que apoyó el golpe de estado en Bolivia". El ministro destacó además que el mismo día que ex funcionarios argentinos "pedían autorización para sacar el armamento y las municiones supuestamente para defender la embajada argentina el Bolivia", estaba asumiendo Áñez. A su vez, rememoró que, "a los días que llega ese armamento, en Bolivia hubo dos matanzas que fueron condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en referencia a las masacres de Sacaba y Senkata, donde más de 20 civiles murieron. Luego, Soria consideró que esa salida de armas puede configurar delitos tales como el "contrabando agravado" y el "incumplimiento de los deberes de funcionario". "Nos tomaron el pelo", resumió el ministro y mencionó a algunos de los "funcionarios involucrados", además de Macri y Bullrich, que a su criterio "no han cumplido con sus funciones", tales como el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, que "facilitó el uso del avión Hércules para trasladar ese material clandestino" y el ex ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie.

Rossi, titular de Defensa: "Macri no podía estar ajeno a este hecho"

Otro integrante del gabinete nacional que se expresó esta mañana fue el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien aseguró que no tiene dudas de que el envío de material bélico a Bolivia en 2019 durante la gestión de Cambiemos sólo se pudo haber hecho con “el acuerdo de las más altas autoridades argentinas”, por lo que el ex presidente Macri “no podía estar ajeno a este hecho”.

En declaraciones a la radio AM990, el ministro reiteró que se pudo constatar el arribo de un avión Hércules C130 a La Paz el mismo día en que se envió la nota de agradecimiento difundida la última semana por el canciller boliviano Mayta.

La nota difundida a la prensa, que había sido enviada por el Jefe de la Fuerza Aérea boliviana, daba información detallada sobre el armamento que la gestión de Macri habría proporcionado al gobierno de facto de Jeanine Añez y, al igual que Soria, recordó que la represión de 2019 tuvo su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".

Según trascendió, un comandante de Gendarmería declaró ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que el cargamento iba destinado a cumplir la función de custodia de la embajada. Rossi puso en duda esta justificación y afirmó que figuran “una cantidad de municiones excesivas como para poder intentar cumplir esa función”.

El ministro de Defensa sostuvo que, para dar el golpe en Bolivia se utilizó apoyo exterior. Agregó que, entre estos actores, se encuentra el Gobierno de Macri, ya que “estaba claramente a favor del proceso de interrupción del gobierno de Evo Morales”. Por último, Rossi subrayó que los ex funcionarios Bullrich,  Faurie y Álvarez García, afirman que ellos no estuvieron implicados en los hechos, “pero no dicen que esto no sucedió”.