El caso de los trabajadores de aplicaciones de repartos se convirtió en un paradigma de los peligros de las nuevas tecnologías sobre las forma de empleo. Las apps hacen que sus vínculos contractuales estén muy lejos de lo que marcan los convenios colectivos de trabajo argentinos. 

Bajo la máscara de ser "socios" de la empresa y no contratados, los trabajadores no tienen una serie de beneficios básicos como la protección de un seguro médico para su actividad, una obra social y aportes patronales. 

Precarizados, su reclamo no logró forzar una ley que los proteja. Sin embargo, la pandemia los colocó en la primera línea de las actividades esenciales. Repartidores de plataformas como Rappi, Glovo o Pedidos Ya ampliaron su rango y también empezaron a llevar en algunos casos productos de tienas que permanecen cerradas, ya no sólo comidas y elementos de almacén o kioscos. Se estima que hay más de 60 mil personas avocadas a este forma de trabajo.

Por eso, la Legislatura porteña comenzó un debate sobre diversos proyectos para regular la actividad y darle un marco de mayor protección y formalidad al sector. Sin embargo, las diferencias entre los distintos espacios políticos y el rechazo de los múltiples gremios del sector frenaron el tratamiento que iba a tener hoy sobre tablas, y continurá siendo debatido mañana en comisiones. 

Qué dice el proyecto

La iniciativa del oficialismo porteño, que lleva las firmas de la legisladora Cristina García de Aurteneche y el diputado Marcelo Guouman, propone la creación de un Registro en el cual se deberán inscribir tanto las operadoras digitales como los repartidores y mensajeros.

También se regula la inscripción ante las distintas dependencias fiscales y el cobro de impuestos.

En lo que hace a los repartidores y mensajeros, estarán obligados a no tener infracciones de tránsito y a aprobar cursos específicos de capacitación que necesariamente incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que prestan.

En ese sentido, la iniciativa dispone, aunque no obliga, que sean los operadores de plataforma digital "los que faciliten los medios para que mensajeros y repartidores obtengan los cascos homologados y la indumentaria adecuada".

 

Y determina que empresas de las apps contraten los seguros para los trabajadores que están en las calles, entre ellos, el de Accidentes de Trabajo, de Vida Obligatorio, de Responsabilidad Civil y de Accidentes personales.

Rechazo del peronismo

Desde el Frente de Todos rechazaron el proyecto y pidieron realizarle cambios para mejorar la protección a los trabajadores. "Hubo una sola reunión informativa y lo quisieron meter sobre tablas en la sesión de hoy", le dijo a Crónica.com.ar Lucía Cámpora, legisladora porteña del FdT. 

Y detalló que seguirán el debate en las comisiones. "Está bien regular a las plataformas e imponerles requisitos, lo que no podemos acompañar de ninguna manera es un proyecto que al mismo tiempo legitima el fraude laboral", agregó. 

En ese sentido, se enumeró como reclamo principal establecer como obligatorio que sean las compañías quienes entreguen a sus repartidores los elementos de seguridad (casco, chaleco, etc.) y también mejorar las condiciones de su trabajo. Y recordaron que ya cinco personas perdieron la vida en accidentes laborales desde que comenzó la pandemia. 

En tanto que desde la Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros consideró, también a través de un comunicado, que la medida del oficialismo representa "un claro perjuicio de los trabajadores y trabajadoras de la actividad".

"Es un burdo intento de legalizar el despótico modelo laboral que las empresas de plataformas pretenden imponer en clara violación a la histórica normativa laboral argentina", indicaron.