Por segunda vez en menos de tres meses, el gobierno nacional dará marcha atrás luego de cacerolazos. Anoche, con relativa fuerza, santafesinos y porteños se sumaron para rechazar la expropiación de la aceitera Vicentin, anunciada sorpresivamente 24 horas antes por el presidente Alberto Fernández.

Antes del mensaje presidencial, todos los actores involucrados conocían que habría una intervención, incluso un rescate pero no la quita de la propiedad de la firma. Luego del anuncio, referentes que Fernández suele escuchar se expresaron fuertemente en contra de la medida. Los principales, Roberto Lavagna y Eduardo Duhalde. El gobernador santafesino, Omar Perotti, también hizo su juego, bien lejos de los micrófonos.

Nadie supo hasta el momento porqué se cambió el plan inicial hacia uno más duro. Sí se sabe que con el correr del miércoles, la Casa Rosada dejó de respaldar la expropiación y se encaminó una vez más a su plan original, el que tenía consenso de todos. Esa decisión tampoco se comunicó ni se explicó a la sociedad, mientras en la oposición se agitaba el fantasma del kirchnerismo duro en el poder real del gobierno nacional. De hecho, la frase que más resonó del presidente en la entrevista que dio por la mañana fue “la decisión la tomé yo, no Cristina Kirchner”.

Con el correr del miércoles, la Casa Rosada dejó de respaldar la expropiación y se encaminó una vez más a su plan original, el que tenía consenso de todos.

Si bien la decisión estaba tomada, la demora en la comunicación y la falta de explicación de una medida hará que quienes fomentaron la protesta puedan celebrar y sentir que fueron ellos quienes torcieron el brazo del gobierno.

Algo similar sucedió en los últimos días de abril y los primeros de marzo. Un Procurador bonaerense –designado por María Eugenia Vidal, luego de formar parte de su gobierno- decidió que cualquier preso podía pedir –y se le concedería- la prisión domiciliaria por el temor de contraer coronavirus en el desastroso sistema penitenciario.

 

Pasaron los días y los medios y la oposición transformaron esa decisión en un plan de liberación de kirchneristas encarcelados. Otra vez, la Casa Rosada dejó hacer. El 30 de abril estallaron las cacerolas como hacía años no se veía. Recién entonces se dijo lo obvio, lo evidente: “a nadie en el gobierno le gusta ver a presos liberados. Esto no está bien”, dijeron a coro la ministra de Justicia y el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Tarde. Cuatro días después hubo otro cacerolazo, de menor intensidad. Esa misma semana, la misma justicia que había abierto la puerta a la salida masiva de presos la volvió a cerrar. Los jueces, lejos de los flashes, hicieron la lectura política antes que el dedo los señalara.

La Rosada no impulsó las liberaciones, pero tardó demasiado en condenarlas y gestó un error propio, un error no forzado como se dice en el tenis. Con Vicentin, el anuncio fuera de toda agenda y la falta de coordinación anotó otro punto para la oposición, necesitada de encontrar temas por fuera de su rechazo a Cristina Kirchner, hoy víctima del espionaje ilegal del macrismo. Otra vez, el gobierno se metió un gol en contra. En un momento especialmente sensible, deberán ajustar los mecanismos de decisión y comunicación para que no se repita.