El fiscal del primer juicio oral previsto contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Diego Luciani, solicitó al tribunal que arbitre los medios para que comience el ligitio el próximo martes, más allá del pedido de todo lo actuado en la investigación que hizo el último martes la Corte Suprema de Justicia.

"La mera interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del proceso y, por tal razón, corresponde adoptar medidas a los efectos de asegurar que el 21 de mayo se pueda dar inicio a la audiencia de debate en la presente causa", argumentó el fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal.

Al pedido de Luciani se sumó también la Unidad de Información Financiera (UIF), a través de un escrito que presentó durante su titular, Mariano Federici, con los mismos argumentos.

Disconformes con la decisión de la Corte, el presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Marcos Peña y otras voces de Cambiemos se quejaron por el retraso en el proceso judicial contra la senadora.

Macri aludió durante esta jornada en Corrientes a la disposición de la Corte, y sostuvo que "lo que todos queremos es trabajo, no impunidad".

"Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría", añadió el Jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, consideró que "la Justicia debe actuar y decir quiénes se llevaron los recursos de los argentinos", y afirmó que "hay que recuperar" esos fondos para "seguir con las obras públicas".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se expresó sobre el tema en cuestión y comentó: "genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar". Consideró además que ya "no hay más lugar para la impunidad".

El funcionario aclaró que el Gobierno "no puede opinar sobre la parte técnica de la resolución ni las motivaciones de los jueces", pero sí sobre qué reacciones genera.

"Cuando se hace justicia se puede dilucidar quién es culpable y quién no y se puede avanzar sobre recuperar los bienes que estuvieron desviados por la corrupción", añadió. 

Para el funcionario "tiene que haber un mensaje muy claro de la ciudadanía sobre en qué tipo de país queremos vivir hacia el futuro" en el sentido de respetar las leyes y la Constitución.

El ministro de Justica de la Nación Germán Garavano habló con Radio Mitre y afirmó: "La verdad que es un fallo muy inusual con un condimento político muy grande, preocupa. Esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral, que es el momento donde los fiscales acusan y las partes acusadas se defiendan".

"La revisión de la Corte o de las Cámaras son después de hecho el juicio y dictada la sentencia, en ningún lugar del mundo se producen antes de la decisión de los casos, eso también es muy peculiar de nuestro sistema que ha servido para generar impunidad o demoras de entre 10 y 13 años", analizó.

La que se expresó al respecto en twitter fue Elisa Carrió que habló sobre la actitud que va a tomar su espacio político que "no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad".

En tanto la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, calificó como una "vergüenza" la decisión de la Corte Suprema de Justicia que le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el cuerpo principal de la causa "Vialidad", para determinar si existen errores procesales en el expediente donde se investiga a la ex presidenta 

"El fallo de la Corte es escandaloso e inédito. Busca claramente dilatar el inicio del juicio. Es una decisión a favor de la impunidad de Cristina Kirchner, (Julio) De Vido, (José) López, (Lázaro) Báez y otros", consideró.

"Es una vergüenza republicana", dijo la titular de la OA. 

"Hay una clara mayoría politizada en la Corte y es lamentable. Estos años se hicieron muchas cosas para ayudar a la Justicia a mejorar su imagen y estas son las decisiones que la vuelven a hundir en el pantano de las sospechas", apuntó Alonso.

Otro de los que se expresó a través de las redes sociales fue Pino Solanas, que manifestó: "El Tribunal Federal que juzga a Cristina Kirchner no se manejó con el debido proceso, negándole a la ex presidenta pruebas significativas que hacen al derecho a la defensa. Esto constituye un hecho de extrema gravedad institucional".