El jueves pasado, Raúl Bértola, proveniente del gobierno de la provincia de Córdoba durante la gestión de Juan Schiaretti, renunció como jefe de Vialidad Nacional. En su lugar, fue designado Marcelo Jorge Campoy, quien anteriormente había ocupado este cargo durante el último gobierno de Carlos Saúl Menem en 1999, sucediendo a Guillermo Cabana.

El nombramiento de Campoy fue oficializado mediante el decreto 613/2024, reflejando la inclinación del presidente Javier Milei hacia la gestión de Menem. En una declaración formal, Bértola mencionó que su dimisión se debió a "motivos personales".

 

Anteriormente, Bértola también había sido titular de la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba y es actualmente presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Alcira Gigena.

Con la renuncia de Bértola y la designación de Campoy, el número de altos funcionarios que han dejado sus cargos durante esta administración asciende a 52. Este cambio se da en un contexto de ajuste en Vialidad Nacional, con reducción de personal y transferencia de tramos de rutas nacionales a las provincias para su mantenimiento.

Los sindicatos han denunciado un desfinanciamiento del organismo y protestaron por la paralización de programas de mantenimiento de infraestructuras críticas.

Neuquén y Río Negro, entre otras provincias, solicitaron al Estado nacional la transferencia de algunos tramos de estas vías y han comenzado a gestionar estas responsabilidades de forma independiente.

 

La Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (Agppsvn) criticó la decisión de Bertola, advirtiendo que "avanzar con la provincialización de las rutas vulnera la esencia de la normativa vigente que dio origen a Vialidad y trae como consecuencia la desintegración de la red vial federal".

También denunciaron que, debido a la falta de fondos, el programa de mantenimiento de más de 4.000 puentes y estructuras, que abarcan unos 240 kilómetros en todo el país y representan un patrimonio valuado en u$s5.500 millones, se encuentra paralizado.

Además, el sindicato señaló que cerca del 70% de las estaciones de pesos y medidas, encargadas de controlar los excesos de carga de camiones, no están operativas de manera permanente, lo cual debería realizarse con la presencia de personal policial o de Gendarmería.

 

La cancelación de proyectos de infraestructura y los recortes presupuestarios dejaron a Vialidad Nacional sin los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones. A principios de año, las autoridades solicitaron $730.000 millones para las obras más urgentes de mantenimiento y reparación de las rutas bajo su jurisdicción, pero debido al ajuste, el presupuesto se mantuvo en los $475.000 millones asignados en 2023.

Además, el Ministerio de Economía redujo al mínimo las transferencias automáticas que Vialidad recibía de los gravámenes a los combustibles y del impuesto PAIS.