El Ministerio de Capital Humano presentó este miércoles ante la Justicia el "recurso de revocatoria", tras el pedido del plazo de 48 horas a la cartera dirigida por Sandra Pettovello para que detalle el plan de distribución de los alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.

El juez de feria Martín Cormick fue quien pidió el plan de la distribución de aproximadamente seis millones de kilos de alimentos destinados a comedores y merenderos comunitarios. Así las cosas, el fallo dio lugar a un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El Gobierno había comunicado que el juez original de la causa, Walter Lara Correa, solicitó "un informe sobre la ejecución de las políticas públicas que garantizan la asistencia alimentaria", que responde a una "oportunidad para consolidar y visualizar las acciones que el Ministerio viene desplegando".

"Sin embargo, el CELS, en cabeza de quien quedó el amparo colectivo, intenta modificar los alcances de la sentencia y desvirtuarla a su favor durante la feria judicial", apuntaron desde Capital Humano.

 

El informe solicitado a Capital Humano

 

Entre los pedidos solicitados, en el plazo de 48 horas, figuraba que el ministerio debía enviar copia de "los convenios vigentes celebrados en el marco del PNUD en los períodos 2023 y 2024", como así un informe de "la cantidad de personas titulares de Tarjetas Alimentar en el año 2023 y quiénes son las/los titulares a la fecha de este beneficio, en el año 2024.

Además, el pedido de adjuntar "copia de los 28 proyectos de Convenio referidos en la respuesta que surge de las fojas 449/453 y 454/456 (pto. 6 del archivo formato Excel incorporado en enlace de acceso) con sus respectivos dictámenes jurídicos e informar el estado de los mismos".

En tanto, se solicitó los detalles del "estado del trámite de los comedores que se encuentran en etapa de preparación de documentación, previa a la suscripción de los convenios, si los mismos fueron relevados en existencia y la población que participa en aquellos".

Asimismo, se pidió un informe de la "población alcanzada por la distribución de esa mercadería (...) habida cuenta de las políticas públicas desarrolladas en 2024, respecto de esta temática, con las modificaciones y ampliaciones de las personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar, cuántas personas estarían alcanzadas con la instrumentación de los planes descriptos en las presentaciones mencionadas".

Por último, el magistrado consideró necesario informar la relación que tienen los comedores con el convenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vigentes, como así "la cantidad de personas que usufructúan los beneficios de tal convenio, detallando el comedor y/o merendero y su ubicación geográfica".

Así las cosas, el ministerio que comanda Pettovello sostuvo en el recurso de amparo que "la intimación en curso" por parte de la UTEP "trasunta en una total modificación de lo decidido en la providencia cautelar, disponiendo una nueva modalidad de acreditación del accionar de Capital Humano en lo referente a materia alimentaria que no fue cuestionado por las partes y que por ende se encuentra firme y no puede ser dejado sin efecto".

La Justicia respondió al recurso de amparo del Gobierno y decidió que el pedido por parte de los movimientos sociales "queda suspendida la intimación cursada el 22/07/24 y se mantiene el plazo de 20 días que el último 12 de julio dispuso el juez Correa.