El Ministerio de Capital Humano presentó distintas garantías a la Justicia acerca de 1.607 comederos y merenderos que "no pudo certificar" su existencia y funcionamiento, por lo que se inició una investigación para conocer el trasfondo de los lugares gestionados por organizaciones sociales y si los funcionarios de la anterior gestión estaban al tanto de todo.

En un relevamiento de 3.385 merenderos inspeccionados del 7 de febrero al 17 de mayo, la cartera que maneja la ministra Sandra Pettovello amplió la cifra de 1.201 a 1.607 comedores que no figuran en funcionamiento (47,5%), y que sí se acreditaron 1.766 merenderos, en el que asisten un total de 240.370 personas (52,2%), lo que significa la presencia de 163 beneficiarios de planes sociales por local en promedio.

La subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, presentó las pruebas al fiscal que lleva adelante la investigación, Ramiro González. Previamente, sostuvo que el entonces Ministerio de Desarrollo Social tenía dos políticas para asistir a los merenderos/comedores: "una, por la adquisición de alimentos en especies; y la otra, otorgar dinero para la compra de alimentos".

Además, la abogada señaló que "en ambos casos se otorgaba la asistencia a las agrupaciones sociales que declaraban nuclear merenderos/comedores para que sean ellas quienes terminen repartiendo la asistencia a los 'preinscriptos' en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM)".

De esta forma, se deberá corroborar si las las organizaciones sociales —entre las que figuran el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y Barrios de Pie— que administraban los comedores recibían los alimentos secos o el dinero otorgado por el Gobierno de Alberto Fernández por medio del programa Alimentar Comunidad.

 

 

 

Gianni señaló en las distintas pruebas recolectadas que un total de 38 organizaciones sociales recibieron seis mil millones de pesos de parte del área de "Políticas Alimentarias". Por el lado de los alimentos secos, el Polo Obrero fue el movimiento que más comida recibió: 4.618 toneladas de las 18.685 toneladas repartidas entre 44 organismos.

A modo de ejemplo, en las investigaciones presentadas por el fiscal González apuntó a que vecinos de los merenderos señalaban que "no funciona ningún comedor", y en un caso especial, señaló que "la responsable de allí falleció hace 2 años". En otro suceso, apuntó a que un lugar investigado "no funciona más como comedor", que “el domicilio corresponde a una cooperativa textil" y por ende “ya no funciona como merendero".

El Gobierno sostiene que los bolsones de alimentos que debían ser destinados a las personas más necesitadas, en la mayoría de los casos se utilizaba como herramienta de extorsión. Tal es el caso de Jeremías Cantero, del Polo Obrero y cercano al líder Eduardo Belliboni, imputado junto a otros 27 dirigentes populares por "extorsionar" a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para asistir obligatoriamente a las marchas o actos partidarios o, caso contrario, dar de baja el plan en la Secretaría de Economía Social.

En ese marco, el Poder Ejecutivo apunta a que la gestión anterior en ningún momento controló a los comedores matriculados en el gobierno de Alberto Fernández de los programas "Argentina contra el Hambre".

Es por eso que la actual administración solicitó investigar la "responsabilidad" de los funcionarios que estuvieron al frente de la "Secretaría de Inclusión Social, en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, en la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Alimentarias, en el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2020 al 10 de diciembre del año 2023, como así también todo funcionario público que se desempeñara en áreas con vinculación a los hechos".