Luego de que el gobierno nacional liberara la exportación de vaca conserva y manufactura con destino a China, la medida fue bien recibida por el sector, que no solo representará un alivio en las cuentas de los productores que vieron como un elemento de reaseguro, como lo era la vaca ya improductiva y muy dificultosa de comerciar en el mercado interno, sino también en la relación entre el oficialismo y el campo, cuya tensión escalaba día a día y parecía no haber negociación en el norte que permitiera llevar calma a ambas partes.

De esta manera, el flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció junto al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a ministros y gobernadores de provincias ganaderas la quita del cepo a las categorías D y E de dicha hacienda, lo que podría llevar el nivel de exportaciones al 89% de los despachos realizados el año pasado, según los propios cálculos realizados por la cartera agropecuaria. Esto también significaría que las 140.000 cabezas de esta categoría en los campos argentinos puedan tener un destino de exportación.

En ese contexto, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía, consideró a que “las correcciones que se hicieron eran necesarias”, cuyo reclamo desde la entidad empresaria se realizaron ni bien fue implementado el cepo hace ya cuatro meses, como así también “la asignación de cupos para las plantas sin antecedentes, lo cual era una cuestión de justicia”.

“La liberación de los cortes de vaca con destino a China también era una corrección sumamente racional. Aspiramos a que se liberen las exportaciones porque consideramos que no es una política que aliente la inversión y la producción. Es el comienzo de una gestión que ha medida que avancemos con el tratamiento de la agenda y se vayan resolviendo cuestiones pendientes va a marcar un cambio de la visión política sobre la actividad”, destacó Urcía.

Las restricciones impuestas por el Gobierno respondieron, según marcaron los funcionarios que implementaron la medida, a una necesidad de bajar los precios de la carne, que mostraban un aumento interanual cercano al 80%.

 Es por esto, que una vez liberada parte de la exportación en lo que concierne a la carne de “vaca vieja” y ante una eventual suba de los precios en góndola, el campo advirtió de antemano que cualquier incremento no responde a la exportación, sino a cuestiones macroeconómicas, de emisión monetaria y también de oferta.

David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), dijo a Infobae que “los precios van a aumentar con o sin esta medida por la inflación, que ya viene corriendo y que, encima, el Gobierno ya emitió un billón de pesos en lo que va del año y en las últimas semanas ha generado una emisión de 250.000 millones, descontando lo que va a ser de acá a las elecciones y a fin de año. Eso obviamente va a tener un impacto que va a ser que suba la carne y la suba de todos los productos en general”.

Por su parte, el economista Salvador Di Stefano, consideró a ese medio que si bien “los gestos del Gobierno por un acercamiento al campo son bienvenidos, las medidas tienen sabor a poco, ya que se sigue esgrimiendo un control de precios, que tienen todas las condiciones para fracasar. Estamos en la obligación de decir que resulta beneficioso la reapertura de las exportaciones, pero de ninguna manera esta medida hará retroceder el valor de la carne en el mostrador. En noviembre escaseará la oferta y el precio de la carne aumentará".