La causa en la que se investiga el femicidio y desaparición de Stella Maris Sequeira, por la que está detenido su marido, el abogado penalista Rubén Carrazzone, fue elevada a la etapa de juicio oral, el cual se realizará en el Tribunal Federal 1 de La Plata, informaron fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina, quien declaró clausurada la instrucción del expediente contra el defensor, quien llegará al debate procesado y detenido por el delito de "homicidio doblemente calificado por haberse cometido sobre su pareja conviviente y mediando un contexto de violencia de género y falsa denuncia".

El magistrado elevó la causa al TOF 1 de La Plata, tribunal que ya había sido designado para intervenir en el juicio, luego de que la defensa, ejercida por el abogado Pablo Cuomo, no se opuso al requerimiento formulado por la parte querellante, representada por Raquel Hermida Leyenda, y por el fiscal Sergio Mola.

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Sequeira (58) desapareció el 29 de diciembre de 2016 de su casa de la localidad de El Ombú, partido de Ezeiza, donde convivía con Carrazzone (64), quien recién denunció el hecho el 31 de ese mes y, un día después, aseguró haber recibido un llamado extorsivo en el que le exigieron 80.000 dólares para liberarla.

Pero a criterio de la fiscalía que investigó el hecho, de la querella y del juez, ese secuestro extorsivo no existió y todo indica que fue una maniobra dilatoria para entorpecer la pesquisa y ocultar el homicidio.

Por ese supuesto secuestro estuvo detenido Miguel Ángel Franco (62), quien había sido cliente de Carrazzone y que fue acusado de colaborar en las llamadas extorsivas, aunque finalmente fue sobreseído.

Cuando procesó al abogado -que está detenido en la cárcel de Ezeiza desde el 13 de marzo de 2018- y le trabó un embargo de un millón de pesos, Santa Marina consideró que el móvil del femicidio pudo ser la mala relación de pareja o económico, ya que faltaron 50.000 dólares pertenecientes a Sequeira de la casa que ambos compartían, aunque era propiedad de la mujer.

Si bien Carrazzone siempre negó hechos de violencia contra su mujer, para el juez existen elementos suficientes para acreditar que el penalista la golpeaba.

Los testimonios recabados permiten sostener que "que existían en la fase íntima de la pareja Carrazone-Sequeira conflictos que iban más allá de las simples discusiones, incluyendo episodios de violencia del primero hacia la víctima".

"Pero la sospecha no deberá agotarse tan sólo en la violencia física pretérita que hubiera sufrido la víctima -señaló el fallo- sino que debe tenerse en cuenta que no se ha logrado incorporar al legajo un solo indicador que permita suponer que Sequeira podría haber querido abandonar todo su entorno sin dejar rastro".

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El juez también tuvo en cuenta que la última vez que la mujer fue vista estaba a solas con su pareja, que hay dos testigos que declararon haber escuchado una discusión a los gritos e insultos y que otros revelaron que ella sospechaba que él le era infiel.

Una testigo citada por el magistrado relató que el día previo a su desaparición, la víctima le contó que iba a separarse del abogado y que éste se tendría que ir de su casa "con un bolsito", como había llegado hacía muchos años.

"Yo le conozco muchos chanchullos a Rubén. Él me la va a pagar, porque no es sólo que me engañó sino que con quien me engañó fue con Lourdes", le dijo Sequeira a una amiga, al referirse a Lourdes Olivera, una ex socia suya que le debía plata y con quien estaba enemistada.

Sobre la ausencia del cadáver, Santa Marina no lo consideró un impedimento para probar un homicidio y apeló a citar jurisprudencia al respecto, ya que hay varias condenas en todo el país por ese delito pese a que nunca se halló el cuerpo de la víctima.

Una de las últimas medidas que se adoptaron en la causa fue un allanamiento que se realizó en junio último en un galpón de la ciudad de Lobos donde se encontró la camioneta de Sequeira y otros vehículos ligados a Carrazzone, pero al realizarse los peritajes no se encontraron rastros de sangre.

La sospecha de los investigadores es que alguno de ellos pudo haber sido usado para trasladar el cadáver, pero no se pudo probar.