La Cámara Federal de Casación Penal notificó formalmente al Consejo de la Magistratura las denuncias por violencia de género presentadas contra uno de sus miembros, el camarista Gustavo Hornos.

La presentación se realizó a través de la resolución 305/24 firmada por los miembros de esa Cámara: Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Angela Ledesma, Juan Carlos Gemignani, Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar. También firmó Carlos Mahiques, aunque dejó constancia de que había votado en contra de la decisión tomada.

La resolución se tomó en un encuentro plenario celebrado este jueves. A pedido de sus colegas, el denunciado Hornos se abstuvo de participar.

 

 

Los camaristas basaron su decisión en “la preocupación institucional puesta de manifiesto”, teniendo en cuenta que el Consejo de Magistratura es el organismo creado por la Constitución Nacional para evaluar la conducta de los magistrados.

En el Reglamento de Disciplina y Acusación elaborado por el Consejo se señala que cuando los tribunales “tomaren conocimiento de un hecho u omisión imputable a un magistrado del Poder Judicial de la Nación que pudiere configurar falta disciplinaria o causal de remoción, notificarán al Consejo de la Magistratura todos los antecedentes”.

 

Violencia de género: por qué denunciaron al juez Gustavo Hornos

 

La denuncia fue presentada por una mujer y atañe a hechos que habrían ocurrido en 2015, cuando mantenían una relación sexo-afectiva. En ella se enumeró una serie de hechos que sufrió por parte de Hornos en los que se describen escenas sexuales sin consentimiento, amenazas y abuso de poder en su rol de juez federal. 

Según el expediente, la denunciante dijo que había recibido amenazas de Hornos para evitar que se conociera el caso y en ellas hizo alusión a su cargo en el Poder Judicial. “Yo soy juez, tengo mucho más poder que vos”, le habría dicho.

Esa frase hizo que el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°17, que originalmente tenía a su cargo la causa, la derivara a los tribunales federales, ya que el posible delito se habría consumado a partir de que Hornos citó su cargo de juez federal. Finalmente el caso recayó en el despacho del juez Daniel Rafecas.

 

 

En paralelo, rige una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Civil número 12 que implica que el denunciado no puede acercarse a la mujer en un radio inferior a los 200 metros y que también tiene prohibido cualquier tipo de contacto físico, telefónico, por correo electrónico, por vía de terceras personas y/o “por cualquier medio que signifique intromisión injustificada con relación a la denunciante”.

 

 

Además, el Juzgado le brindó a la denunciante una serie de programas pensados “a efectos de brindar a aquellas mujeres y personas LGBT víctimas de violencia de género que se encuentran con procesos judiciales en trámite”.

También se le comunicó que en caso de Hornos no cumpla con la orden de restricción, podrá recurrir a la Policía, que labrará las actuaciones correspondientes para comunicarlas luego al fuero penal.