La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer hoy su informe final sobre el caso y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un “negocio privado” fue condición necesaria para que la “estafa” pudiera consumarse, e instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.

El documento, de 204 páginas de extensión contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y dio cuenta de que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias financieras previas muy similares con criptomonedas.

En ese sentido, el informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que “la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación”, al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.

 

Para los diputados opositores que fueron parte de la redacción del documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP), “las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.

Los legisladores no dudaron en caracterizar lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.

“Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, señalaron, y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, “pese a que dicha información no era de circulación pública”.

Según denunciaron, el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.

 

También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de “incumplimiento de deberes” ya que “su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión”.

“Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en las consideraciones finales.

“La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron los diputados opositores.

La reunión de hoy fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, que se había creado como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

Con gran expectativa y a sala llena, la comisión ejecutó hoy su “last dance” y leyó el informe final, que incluyó un conjunto de consideraciones y recomendaciones.

Al abrirse el debate, Marino, quien se quedó hasta las 4 de la mañana para pulir la redacción del informe, señaló que la presentación que hiciera Milei de Libra como un “proyecto serio de inversión para desarrollar pymes en realidad, desde un punto de vista técnico, era más cercano a un meme coin que habían manipulado de antemano para realizar el tirón de alfombra (rug pull)”.

El diputado de UxP recordó que el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, había admitido que el presidente había evitado realizar consultas a organismos públicos de control para conocer si la promoción de Libra podía generar algún tipo de conflicto de interés que comprometiera la ley de Ética Publica.

En tal sentido, el dirigente opositor y líder del Partido Piquetero aseguró que el “endorsement” a Libra de parte de Milei no fue un “error” involuntario sino “una decisión deliberada para eludir los controles estatales” y apuntalar un negocio privado.

“El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy”, consideró, y puntualizó que no se trata de “un hecho aislado” ya que Milei, junto a Novelli y Terrones Godoy ya habían sido parte de maniobras defraudatorias similares en el pasado reciente.

Y añadió: “En nuestro rol de órgano de control político sobre el Poder Ejecutivo planteamos con total claridad que corresponde que el pleno del Congreso evalúe si el presidente de la Nación inclurrió en mal desempeño de sus funciones”.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que existe un “patrón de conducta” o antecedentes que involucran directamente a Milei y a Novelli, y coincidió en que lo sucedido configura un “daño muy grave a la credibilidad del país”.

Christian Castillo, del Frente de Izquierda, refutó la defensa esgrimida por Milei respecto a que el mencionado posteo fue hecho en carácter de “ciudadano común”.

“Lo hizo desde una cuenta que tiene tilde gris y que refiere a altos funcionarios de Estado. Es decir, que no lo hizo como un ciudadano común”, desmintió el diputado nacional del PTS.