La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitió este martes a la Cámara Federal de Casación que confirme la decisión de cerrar por inexistencia de delito, con sobreseimientos y sin juicio oral, la causa "Hotesur-Los Sauces". Así lo hizo junto con sus hijos Máximo y Florencia, mediante un escrito de 62 páginas presentados por sus abogados.

En "breves notas" presentadas por escrito ante la sala I del máximo tribunal penal de la Argentina, los letrados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron que se rechace el recurso de apelación de la fiscalía y que se ratifique la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a todos los imputados, según el texto elaborado por la defensa de Cristina Kirchner.

Los abogados solicitaron, en ese sentido, que "se confirme la resolución recurrida, en cuanto dispuso el sobreseimiento de nuestros representados, por inexistencia de delito".

El escrito se presentó antes del inicio de la segunda y última audiencia, en la que los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa escucharán a las partes que pidieron exponer de manera oral, antes de tomar una decisión. Los abogados se presentaron por la defensa de la ex jefa de Estado, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, de Romina Mercado y de Patricio Pereyra Arandía.

Beraldi y Llernovoy sostuvieron, en ese sentido, que deben confirmarse los sobreseimientos en base a nueva prueba incorporada a la causa.

"Concretamente, nos referimos a la ampliación del estudio pericial que se llevó a cabo en el marco de la causa “Los Sauces”, en el cual los expertos intervinientes afirmaron en forma unánime y categórica que todos los pagos realizados por Valle Mitre S.A., Inversora M&S S.A. y Alcalis de la Patagonia SAIC en favor de Los Sauces S.A.-sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias", remarcaron.

Esta "prueba nueva también permitió constatar que los hechos" no satisfacen "las exigencias típicas requeridas por el tipo penal previsto en el art. 303 del Código Penal", el lavado de activos.

"Si se tiene en cuenta que todo el dinero aplicado a los contratos de locación investigados siempre se movió dentro del circuito financiero e institucional, que dichos fondos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional y,además, que se tributaron todos los impuestos pertinentes, es jurídicamente insostenible la hipótesis de lavado de activos", concluyeron los defensores.