El expresidente Alberto Fernández rechazó haber cometido irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado. En particular, negó tener vínculos comerciales con el bróker Héctor Martínez Sosa, a quien se menciona como presunto intermediario en la adjudicación de pólizas.

Fernández precisó esas cuestiones en un escrito de 48 páginas que su abogada, Mariana Barbitta, elevó al juez federal Julián Ercolini, a cargo de esa causa judicial. 

En el texto, el exjefe de Estado justificó el decreto 823/21, firmado por él, que le dio el monopolio de esas adjudicaciones a Nación Seguros, en la misma línea que ya lo había expresado públicamente.

 

 

“Se trató de una decisión que buscó que el dinero que el Estado Nacional paga para asegurar sus riesgos, quede en manos del mismo Estado”, señaló.

Además, remarcó que las comisiones de los seguros fueron limitadas al 10% por una decisión del directorio de Nación Seguros, desmintiendo cualquier irregularidad en su actuación.

 

En la misma línea, Fernández negó haber intervenido para favorecer en esas contrataciones a Martínez Sosa, quien está en pareja con María Cantero, la histórica secretaria privada del expresidente. “Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro para el Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”, expresó.

Irregularidades en la contratación de seguros: cómo arrancó la causa que complica a Alberto Fernández

 

La causa se inició a partir de dos denuncias radicadas ante la Cámara Federal a fines de febrero de 2024: una fue presentada por la abogada Silvina Martínez y la otra por los diputados nacionales Juan Manuel López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica.

En ambos casos se hizo referencia a artículos periodísticos que apuntaban a la existencia de una presunta “caja negra” en la Anses, ligada a los seguros que se contrataban vinculados a los préstamos que otorgaba ese organismo.

“Aunque en el decreto se justificó esta medida como una excepción para favorecer a entidades públicas, en realidad resultó en la consolidación de un monopolio en el sector de seguros estatales, y facilitó la participación de empresas privadas como reaseguradoras y brokers intermediarios en operaciones poco transparentes”, decía la presentación de López y Oliveto.

En ese contexto, la aparición de Martínez Sosa se habría producido a través de la subcontratación de los seguros. 

La denuncia sostiene que durante la gestión del Frente de Todos la ANSES firmó un contrato con Nación Seguros SA por $ 20 mil millones. En ese marco, la aseguradora del Banco Nación “subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los 2 organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%”.

 

 

En la investigación, la Justicia procedió a analizar el teléfono de María Cantero, para investigar si había intervenido en favor de su pareja. Fue en ese aparato donde se encontraron los chats y las fotos enviados por Fabiola Yañez, exprimera dama, en la que mostraba y contaba cómo había sido golpeada por Fernández.

Eso dio lugar a una segunda causa judicial contra el expresidente, en este caso por lesiones y amenazas en perjuicio de quien era su pareja.

La denuncia fue ratificada por Yañez y también recayó en el juzgado de Julián Ercolini. Fernández intentó que el magistrado se apartara de ambas causas por "enemistad manifiesta" y en este último caso solicitó la intervención de la Justicia Federal de San Isidro, porque los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos.

Sin embargo, la Justicia entiende que los sucesos bajo investigación comenzaron en 2016, cuando la pareja convivía en el departamento que Fernández utiliza en Puerto Madero, y se prolongaron cuando el Presidente ya estaba en funciones.