La Justicia Federal define la citación a indagatoria de Alberto Fernández en la causa que investiga presunta corrupción por la contratación de seguros a través del Banco Nación, con brockers cercanos al entorno del ex presidente como intermediarios. Este expediente resulta otro frente de tormenta para el ex jefe de Estado, en medio de la denuncia por violencia de género realizada por la ex primera dama Fabiola Yañez.

Fernández se encuentra imputado junto a su ex secretaria María Cantero, su marido Héctor Martínez Sosa -amigo del ex presidente y broker beneficiado- y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. El ex mandatario será citado a prestar declaración indagatoria como sospechoso del delito de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública.

Las evidencias que apuntalan la acusación contra Alberto Fernández son el decreto 823 del año 2021, que obligaba al Estado a contratar con Nación Seguros, durante la gestión de Pagliano. A eso se suman los chats del teléfono celular de Cantero; allí surge que la secretaria actuaba desde la antesala del despacho presidencial como la gestora de los negocios de seguros de su marido.

Hasta ahora, el caso tiene bajo la lupa a 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos con la intermediación de asesores de seguros. En concepto de comisiones, durante todo el gobierno de Alberto Fernández se pagaron 3.453.302.770 pesos. Martínez Sosa fue el segundo broker más beneficiado, ya que, con el pago de comisiones, se alzó con 19 contratos por $366.635.744.

La causa se inició por una auditoría interna del gobierno de Javier Milei en la Anses, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers. “Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras”, señaló un documento judicial.

"Y pensar que todo esto arrancó cuando la tan criticada Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció a la Justicia las maniobras irregulares con los seguros durante el último gobierno kirchnerista...", recordó Milei, días atrás, en su cuenta de la red social X.

El juez Julián Ercolini busca determinar por qué participaron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que cobraron elevadas comisiones. Además, investiga por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.

El delito de negociaciones incompatibles con la función pública se castiga con hasta seis años de prisión y basta con que el funcionario se “interese” en el negocio para obtener un beneficio propio “o de terceros”. O sea, para probar el delito no hace falta determinar que Alberto Fernández se enriqueció con los contratos de seguros oficiales, por los cuales su amigo cobraba millonarias comisiones.