La secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Cecilia Loccisano, planteó la existencia de una “alta ineficiencia en el uso de los recursos públicos” y la existencia de incumplimientos en las leyes de Salud Mental y de Protección a los pacientes, que derivó en la decisión de iniciar el plan de reestructuración del Hospital Laura Bonaparte.

La funcionaria señaló que la decisión de avanzar en la reestructuración surgió luego del detalle de un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en la que se detectaron incumplimientos en la Ley de Salud Mental y de Protección de los derechos del paciente.

“Detectamos situaciones de alta criticidad, como el hallazgo de pacientes con tratamientos prescriptos sin intervención medida documentada, es decir que no se encuentra quién es el profesional que prescribió el inicio o la renovación”.

En cuanto a la ley de protección de los derechos de los pacientes, Loccisano remarcó que tiene que ver con cómo se custodia la información y la detección de “falta de antecedentes, de los nombres de los profesionales que tomaban la decisión y eso lleva a problemas de seguridad y de calidad de atención”.

En ese punto, la funcionaria del Ministerio de Salud planteó que “sin una historia clínica completa la  no hay datos para el acto médico”.

Loccisano planteó además que del análisis del presupuesto, ocupación de camas y atención se desprende la existencia de una  “alta ineficiencia en la asignación de los recursos públicos”. Puso como ejemplo que el Hospital Bonaparte cuenta con 60 camas de internación y se utilizan en promedio 19 y que se atienden alrededor de 200 consultas por demanda espontánea  cuando hay 300 profesionales.

"Hoy la consulta en el hospital le cuesta al Estado entre 100.000 y 120.000, tres veces más que el valor de mercado. Estamos gastando mal y privamos a otras personas de tener mejores servicios públicos", evaluó.

La funcionaria planteó que el objetivo es “trabajar una buena asignación de los recursos públicos, que sea inteligente  y que lleguen a la gente” y remarcó que están bajo observación todos los programas y acciones que lleva el Ministerio de Salud: “Estamos yendo en profundidad”, dijo.

Anticipó cambios en caso de que se observen otros casos que incluyen compras de insumos para los centros de salud y el uso de inteligencia artificial para planificar la asignación de recursos que no implique destruir material.

Sobre la situación del Hospital Bonaparte, agregó que "el presupuesto es de $17.000 millones por año. Cuando empezó 2024 era de $6.600 y se triplicó. El año que viene tendrá un incremento to del 25%, más que la inflación pautada. El presupuesto está asegurado.

“Están las condiciones dadas para que el Hospital funcione. Si el proceso nos lleva a reorganizar servicios, va a tener asegurado su presupuesto y sus recursos” .

Loccisano planteó que el proceso de reestructuración abordará varios escenarios para mejorar la atención de los pacientes con una reorganización de los servicios, aunque evitó anticipar caminos para que surja desde los equipos de salud.

La funcionaria remarcó que en la actual situación de “conflictividad no se puede generar una respuesta para un plan de reestructuración y trabajo en equipo” y comentó que espera que se levanten las medidas “lo antes posible”.

“El diálogo tienen que ver con garantir lo servicios. No podemos garantizar la atención porque están las medidas de fuerza”, dijo. Detalló que lo primero que tiene que hacer el equipo es elaborar un plan y un cronograma de avances y remarcó que el funcionamiento de forma eficiente, segura y de calidad” es el objetivo central y luego se determinará el personal para llevar adelante las tareas.

Mientras tanto, los pacientes que lleguen a consulta se van a derivar a centros de la ciudad de Buenos Aires “con un criterio médico, que no implique un riesgo. La premisa es la derivación a otros centros a partir de la coordinación” con las autoridades del área del Gobierno porteño, que tiene a su cargo los Hospitales Borda, Moyano y Tobar.