Por Damián Juárez

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner retomó el centro de la escena política durante el fin de semana al apuntarle al ex presidente Mauricio Macri a través de Twitter, acusándolo de armar causas en su contra. Cristina se refirió específicamente al denominado "Pacto con Irán", un memorándum de entendimiento firmado en 2013 entre su gobierno y ese país para que funcionarios iraníes declararan en la causa por la voladura de la AMIA.

A través de una serie de tuits, Cristina dijo que "el macrismo, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar opositores". Se refirió así al informe que Interpol Argentina le envió al juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa por el memorándum con Irán, en que se manifiesta que "las alertas rojas siempre estuvieron vigentes".

Cristina calificó su involucramiento en esta causa como "lawfare al palo", haciendo alusión al término que describe el uso de la Justicia con fines de persecución política. En la causa por el memorándum con Irán, tanto la ex presidenta como el fallecido ex canciller Héctor Timerman fueron acusados por el delito de "traición a la patria".

El informe al que alude Cristina indica que las alertas rojas (un sistema de Interpol que obliga a detener personas incluidas dentro de estas alertas) estuvieron vigentes y sin cambios pese al pacto firmado con Irán. 

Las responsabilidades por la firma del pacto con Irán deberán develarse en un juicio oral aún sin fecha de realización, en un expediente que surgió cuando el fiscal Alberto Nisman -quien luego apareció muerto de un tiro en su departamento- denunció un pacto de encubrimiento para los sospechosos de haber volado la mutual judía, en 1994.

La actividad política de la vicepresidenta tendrá una semana movida en el Senado, adonde llegarán la ley de teletrabajo y la de donación de plasma para afectados por coronavirus, iniciativas que vienen con media sanción de Diputados.

Sin embargo, cerca de la vicepresidenta siguen trabajando para aportar ideas en dos iniciativas que también tendrán tratamiento legislativo y seguramente polémica con la oposición. La primera es el proyecto que busca establecer un impuesto extraordinario y por única vez a las grandes fortunas, y la otra, la reforma judicial, que el oficialismo quiere enviar al Parlamento apenas se calme la situación por la pandemia.

 

Cerca de Cristina también observan con interés la situación de Vicentin, donde, si bien ahora el gobierno parece haber retrocedido con la expropiación y busca otros caminos, no está descartado que la situación de la empresa santafesina termine aterrizando en el Parlamento.

En el plano judicial, el entorno cristinista también presta atención a la causa judicial en la cual se investigan presuntas escuchas ilegales durante el gobierno de Cambiemos, y donde también Macri está señalado como máximo responsable.