El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, el ahora reestructurado organismo que se encarga, entre otras cosas, de las obras públicas como la realización de rutas, sufrirá modificaciones con las facultades delegadas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo.

“Hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos”, justificó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa anunció el cierre del organismo descentralizado que dependía de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. También confirmó el fin de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Una de las primeras modificaciones que se verá reflejada en las próximas horas en el Boletín Oficial es que se modificará la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cual se denominará Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

La flamante área se encargará de la fiscalización de concesiones viales, además de que "se focalizará en la verificación del cumplimiento normativo y contractual, y en la investigación de los accidentes ferroviarios", así como todos los sucesos que transcurran en dicho ámbito.

Asimismo, las funciones de la CNRT serán absorbidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

En tanto, Adorni comunicó que continuará el plan de licitación de más de 9.154,67 kilómetros de rutas distribuidos en dieciocho tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

Además, el funcionario dijo que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía serán los encargados de elaborar el diseño y planificación de la infraestructura vial.

Entre otras cosas, el vocero presidencial señaló que hay un total de 5.184 agentes en Vialidad Nacional —1.091 en Casa Central y 4.053 distribuidos en los 24 distritos viales—, un número que para el Gobierno "dificulta la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redunda en altos costos operativos para el Estado Nacional".  

En ese sentido, Adorni explicó que la disolución de Vialidad Nacional "generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares".

Por otra parte, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, para ocuparse solo del "transporte aéreo civil" y de esta forma "dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)".