Gonzalo Mórtola, ex interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el gobierno de Mauricio Macri, fue citado a declaracion indagatoria en la causa en la que se investiga la renovación de la concesión de las terminales portuarias. Sospechado de haber incurrido en el delito de defraudación a la administración pública, deberá comparecer por videoconferencia el 23 de septiembre ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La causa se originó en la resolución 129/16, firmada por Mórtola, a través de la que se dispuso la contratación directa de la empresa española Indra para la "estructuración, promoción y concurso de las terminales de contenedores del Puerto Buenos Aires", con un pago previsto de 772.483 dólares.

Según confiaron fuentes judiciales a cronica.com.ar, la contratación incumplió todos los procedimientos administrativos, ya que el monto máximo para hacerlo sin una licitación previa era de 1,5 millones de pesos, muy por debajo del monto pactado.

 

 

 

Además Indra no tenía experiencia en consultoría portuaria. De hecho, fue la propia gestión de Mórtola la que indicó a qué profesionales subcontratar para que hicieran el trabajo. Además, la AGP también contrató asesores ad hoc para la supervisión de ese contrato, provenientes del sector privado y sin experiencia en la gestión portuaria.

El vínculo con Indra se prolongó a fines del año siguiente, a través de la resolución 169/17, cuando la AGP (que dependía del Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich) adoptó una nueva estrategia por la cual se centró la operación en una única empresa, en sintonía con los deseos de Nicolás Caputo, el influyente empresario y amigo del expresidente Macri.

La extensión del vínculo supuso un pago adicional de 168 mil dólares, por lo que en total la firma española embolsó 940.508 dólares más impuestos. A pesar de esa suculenta suma, el concurso de precios lo terminaron armando los técnicos de la Administración de Puertos.

La licitación, que finalmente se dio de baja con el cambio de gobierno, generó un escándalo, cuando diversos actores portuarios denunciaron que se buscaba beneficiar a Nicolás Caputo -con una concesión de 50 años- y generar negocios inmobiliarios, así como el traspaso del Puerto Buenos Aires a la órbita porteña.

Pese a ser un hombre de José Torello, jefe de asesores del presidente Mauricio Macri y referente de la mesa judicial de Cambiemos, Mórtola -y varios de los protagonistas- fue imputado en 2018, durante la gestión del macrismo.

 

 

Desde el punto de vista político, Mórtola (quien ingresó a la función pública en 2010) es considerado un macrista de la primera hora y reivindica su identificación con el club Newman, del que salieron muchos funcionarios del gobierno de Cambiemos. "Siempre me gustó quien hoy es el Presidente, en aquel momento el jefe de Gobierno porteño. Mi club de rugby es el Newman. Conocía gente del entorno de Macri", recordaba en una entrevista concedida en 2016. En las redes sociales, además, mantiene un alto perfil en defensa de la gestión del anterior gobierno.

Además se lo vincula políticamente con Felipe Viramonte Noguer, quien fue asesor del exdirector de Aduanas, Diego Dávila. Desde los primeros días de mayo, Viramonte está detenido bajo una acusación de asociación ilícita, contrabando agravado y lavado de activos, en el marco de una causa que investiga un millonario negocio de teléfonos celulares de alta gama que supuestamente ingresaban de manera ilegal al país, con su presunta cobertura.