Por Luis Mendoza 
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En medio de la tensión política y judicial por la desaparición de Santiago Maldonado hace casi dos meses, el Senado tiene previsto aprobar el miércoles próximo la prórroga de la Ley 26.160, hasta noviembre de 2021, con el propósito de impedir el desalojo en tierras habitadas por comunidades aborígenes.

Lo hará durante una sesión especial, a la que se llegará con consensos entre los bloques mayoritarios para avanzar con la aprobación de la norma y girarla a la Cámara de Diputados para su sanción, ya que la ley vigente vencerá el 23 de noviembre próximo. La norma fue sancionada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, declarando por cuatro años la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.

Después se prorrogó sucesivamente en 2009 y 2013. Si bien ya se expusieron en el Congreso propuestas para avanzar con la solución definitiva de la cuestión, la idea sería extenderla otros cuatro años, pero con el compromiso de completar el relevamiento que plantea la ley. En su artículo tercero, la norma original establece que “durante los 3 (tres) primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester”.

La ley que puso puntos suspensivos a los desalojos declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional respectivo. La norma también ordenó efectuar relevamientos para determinar la situación dominial de los territorios en cuestión, pero esa disposición sólo se completó en cerca del 50% del total de las comunidades aborígenes.

Se debe determinar el futuro sobre unas 8.400.000 hectáreas en conflicto dominial, con intereses que se cruzan entre los habitantes de esos territorios, los gobernadores de las provincias involucradas y los privados que reclaman su posesión. El reclamo por la prórroga de la ley de tierras indígenas cobró impulso y se metió en la agenda legislativa a partir del caso Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.