Por Damián Juárez djuarez@cronica.com.ar

Las entidades del campo mantienen su compromiso de realizar un cese de comercialización desde el lunes, en respuesta a la decisión del gobierno de suspender las exportaciones de maíz. En tanto, desde el Ministerio de Agricultura justifican la medida oficial en que si dejan habilitadas las exportaciones no quedará maíz para el mercado interno.

Lo interesante del nuevo conflicto, que todo el mundo espera no sea una reedición de la "guerra" entre el kirchnerismo y el campo de hace algunos años, es que ahora el gobierno encontró otro interlocutor para hablar con el sector agropecuario.

 

De hecho, el jueves el ministro del área, Luis Basterra, recibió a los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en una mesa de diálogo donde por supuesto no estuvieron los miembros de la Mesa de Enlace, que justamente son quienes convocan al lockout que arranca el lunes.

La Mesa de Enlace, también hay que decirlo, la componen cuatro entidades: Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas. La medida contra el gobierno la definieron tres de las entidades, sin Coninagro, lo que marca un quiebre en la estrategia de la Mesa.

 

En cuanto a la negociación del gobierno con el Consejo Agroindustrial, los representantes agropecuarios le llevaron planillas al gobierno para mostrarle que hay suficiente cantidad de maíz para exportar y para el mercado interno.

Según se informó, los funcionarios analizaban dejar sin efecto la suspensión en la exportación de maíz, aunque la medida de fuerza sigue firme.

Números y política

Mirando los números, se podría decir que este conflicto era evitable. El gobierno dice que quedan cuatro millones de toneladas de maíz. En el campo le responden que en realidad hay 10, y que no es necesario cerrar la exportación. Nada que no se hubiera podido solucionar en una mesa de diálogo.

Pero también es cierto que en todo se cuela la grieta y la política, y las relaciones entre la Mesa de Enlace y el gobierno no son las mejores.

 

El campo se sintió tocado por el proyecto de expropiación de la empresa Vicentin y por el episodio de usurpación del campo de la familia de Luis Miguel Etchevehere, el ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri.

Este es el contexto en el cual desde el lunes comenzará el lockout de 72 horas del campo, que incluirá vigilias desde el domingo y un regreso a la agenda mediática del tema del campo versus el gobierno.

 

Desde la lógica, el acuerdo no debería tardar mucho en llegar. El gobierno quiere que el sector privado garantice el abastecimiento dentro del país, y que los productos del campo tengan dentro de Argentina precios desacoplados de los valores internacionales.

En el año que arranca, habrá que ver si gobierno y el campo acercan posiciones y así todos aprovechan los buenos precios internacionales de las materias primas argentinas (que el gobierno necesita que se exporten para que ingresen más dólares), o si se profundiza la pelea. Un dilema que, en año electoral, pocos se animan a predecir cómo se solucionará.