El gobierno nacional trabaja por estas horas sobre una resolución con la que aspira a gestionar el pico de demanda de energía en el verano. La intención principal de la medida es reducir las probabilidades de que se registren cortes masivos de electricidad entre diciembre y marzo próximo.

La preocupación del Ejecutivo de Javier Milei se debe a la fragilidad que presenta el sector eléctrico del país en sus tres segmentos: generación, transporte y distribución. 

Cuando la demanda se acerca a los 30.000 megawatt (MW), la Argentina suele depender de que Brasil pueda enviar 2.200 MW y sumar algo más de potencia desde Uruguay, Paraguay y Chile para cubrir el pico de consumo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó el fin de semana que durante el próximo verano podría haber cortes de luz programados por el crecimiento de la demanda. "Si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, sectores industriales”, explicó el funcionario en declaraciones radiales.

Esa advertencia también había sido realizada en junio pasado por Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, al indicar que podría haber cortes masivos en el verano por la falta de energía para cubrir los picos de consumo.

Las tres medidas que implementará el Gobierno

En ese contexto, la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo González Chirillo, trabaja en una resolución que funcionará como un marco general para implementar una serie de medidas en distintos niveles, con el objetivo de coordinar el funcionamiento del sistema eléctrico durante los meses de mayor calor en el país. La normativa se base en tres acciones concretas.

Una de ellas será otorgar una remuneración adicional a las empresas generadoras de plantas termoeléctricas -Pampa Energía, Central Puerto, AES, YPF Luz, MSU Energy y Albanesi, entre otras- como incentivo para mejorar la disponibilidad de las máquinas más antiguas durante los próximos tres años.

El objetivo de esta medida será potenciar la confiabilidad de las centrales que forman parte del parque de "generación forzada", en busca de que el sector privado cuente con un incentivo económico para poner en condiciones a máquinas turbovapor, motores y turbinas de gas de alta antigüedad. Esto tendría un costo fiscal de alrededor de 120 millones de dólares por año.

Otra de las decisiones será ofrecer una compensación económica —expresada en dólar por megawatt por hora (MWh)— para los grandes usuarios de electricidad —industrias siderúrgicas, metalmecánicas, acereras y petroquímicas, entre otras— que estén dispuestos a bajar su consumo de energía durante días de altas temperaturas. En la práctica, y bajo este esquema, las grandes industrias se convertirían en agentes de generación.

La tercera y última acción diseñada por la Secretaría de Energía apuntará a promover la instalación de Unidades de Generación Móviles (UGEMS) en las redes de distribución de Edenor y Edesur, las dos distribuidoras que permanecen bajo jurisdicción nacional. El Gobierno se hará cargo del costo del combustible que consumirán esos equipos, que serán operadoras por las distribuidoras.

La resolución que se publicará en los próximos días solicitará al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) que, a más tardar a mediados de octubre, defina cuántas unidades de generación poseen Edenor y Edesur para reforzar la oferta de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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