Díaz Gilligan, subsecretario general de la Presidencia, quedó envuelto en una polémica luego de que una investigación del diario El País de España revelara que intentó ocultar USD 1,2 millones en un banco de Andorra. El funcionario negó las acusaciones y dijo que el dinero era del empresario uruguayo Francisco Paco Casal.

"La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa ya que no obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Ni durante ese período, ni tampoco posteriormente. Por esta razón es que no tuve ingresos que declarar en la Argentina", había sido la explicación de Gilligan.

Sin embargo, en los últimos días pocas han sido las defensas alrededor del funcionario.

Para empezar, el propio presidente Mauricio Macri, manifestó en la conferencia de prensa que brindó luego del retiro de Chapadmalal: "Uno de mis principales compromisos desde que asumí es el apego absoluto a la transparencia. Todos aquellos que somos servidores públicos tenemos que demostrar", sostuvo el jefe de Estado.

Y agregó: "Vamos a encarar como corresponde todo el suministro de información, como lo hice yo, todos los funcionarios tenemos que dar explicaciones".

Esto, generó que otros funcionarios fueran por el mismo sendero, tanto como Triaca, Etchevere y Frigerio aseguraron que "todos tenemos que rendir cuentas".

Marcos Peña, por su parte, dijo que "estamos dando una discusión sobre el patrimonio de los funcionarios antes de entrar al gobierno y si declararon o no, y si correspondía declarar su declaración jurada", explicó Peña y en este sentido remarcó: "No estamos hablando de fondos públicos o de corrupción como se discutía antes".

Luego sostuvo que "hoy hay una Oficina Anticorrupción que investiga en tiempo real a los funcionarios" y agregó que la secretaría que comanda Laura Alonso "tiene plena libertad y autonomía para determinar si hubo o no omisión" en la presentación de la declaración jurada.

Sin embargo, aclaró: "No habrá protección para nadie. Si alguien hizo algo mal esa persona tendrá que responder ante la justicia. No vamos a apañar a nadie", añadió Peña en diálogo con Mitre.

Fernando Sánchez, hombre importante también en la rosada y muy cercano a la diputada Elisa Carrió, opinó que "si yo fuera Díaz Gilligan, pediría licencia".

Por su parte, el radicalismo dio su postura a través de un duro comunicado de Mario Negri, diputado Nacional, presidente Bloque UCR y del interbloque Cambiemos, dijo que "debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder". Pero aclarando al mismo tiempo que "no es condena, la 'vara' sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al gobierno,sino ayudarlo".

Por su parte, la Oficina Anticorrupción adelantó que le solicitará un descargo al funcionario y analizará si había consignado el depósito en su declaración jurada obligatoria.

A la par, el organismo presidido por Laura Alonso le enviará un oficio a la Banca Privada D'Andorra y a la UIF para que remitan toda la información sobre el caso.