L a Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, un organismo integrado por católicos y entre los que se cuentan sacerdotes que trabajan en villas de Buenos Aires, emitió un documento para oponerse "firmemente a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad, mucho más en este contexto social".

"Hacemos responsables a los dirigentes, gobernantes y comunicadores populistas que dicen lo que la sociedad bolsonarizada quiere escuchar, aun a costa de sacrificar por unos votos la dignidad inalienable de nuestras y nuestros adolescentes", indicaron los firmantes del comunicado.

También plantearon que "el contexto de crisis acentúa el incumplimiento de las responsabilidades que el mundo adulto tiene sobre la juventud. El 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre, según un estudio de Unicef". "La escuela, la vivienda y la salud están muy deterioradas, los espacios de promoción de las artes no pueden pagar la luz y cierran, los clubes se vuelven inaccesibles para los salarios que se ajustan, el desempleo crece mientras la capacidad de contención de la sociedad baja notoriamente. Pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales", describieron.

"Entendemos que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente pero que no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales", afirmaron luego. Asimismo, recordaron que "en el mes de enero de 2017 la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia publicó una respuesta relativa a que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación intentaba bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años de edad. En ese comunicado se señalaba que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil no puede centrarse solamente en la persecución estatal -a través del derecho penal- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal".

Añadieron que "dos años después, otra vez en enero, resurgen las mismas propuestas simplistas, con fines electorales y sin mirar el tema en su complejidad".