Por Juan Bernardo Domínguez@juanbjd

El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes una serie de cambios en la estructura de la Policía Federal Argentina (PFA) y argumentó que las modificaciones fueron promovidas para “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos”, además de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales.

La medida quedó formalizada a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 383/2025, que derogó el decreto-ley de 1958 que regía para la estructura de la fuerza de seguridad, y aprobó así el nuevo Estatuto de la PFA.

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Los cambios que establece el decreto 383/2025

El texto normativo dispone que la fuerza ya no tendrá competencia sobre la seguridad local en la Ciudad de Buenos Aires, función que había sido progresivamente transferida a través de un convenio con el Gobierno porteño firmado en 2016.

En ese sentido, el decreto ordena “derogar las funciones y atribuciones relacionadas con la seguridad local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, dispone actualizar la estructura orgánica de la fuerza de seguridad, “con el fin de que sea más eficiente, reducida y pueda responder mejor a su principal misión”.

Asimismo, el texto normativo establece la creación del Programa Presupuestario “Modernización de la Policía Federal Argentina”, que estará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, cartera que impulsó los cambios en la fuerza de seguridad. Ese plan, según indica el decreto, estará destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas.

 

A raíz del nuevo Estatuto, la PFA podrá realizar “acciones de inteligencia” y contar con el acceso a información y bases de datos públicos para llevar adelante “tareas de investigación”, además de solicitar el acceso a bases privadas.

En el inciso segundo del artículo sexto, se le otorga la facultad de “efectuar tareas de inteligencia criminal, mediante la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a actividades criminales o riesgos que afecten a la seguridad interior”.

Y, en el inciso octavo, se la habilita a “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la Policía debe reprimir”.

La fuerte advertencia de la CORREPI

Por su parte, la abogada María del Carmen Verdú, integrante y fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), definió como “un espanto” a los cambios aplicados por el Gobierno a la estructura de la PFA.

“Va en la misma línea con todas las reformas estructurales que viene haciendo la actual gestión en materia represiva, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de ‘gatillo fácil’, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social”, denunció este martes la abogada en diálogo con crónica.com.ar.

La letrada alertó que el decreto 383/2025 “convierte a la Policía Federal en ejecutora de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.

Verdú argumentó que el texto normativo "la define como ‘Policía líder en la investigación proactiva de delitos federales o complejos, en la desarticulación de organizaciones criminales y en la protección del Estado’, incorporándola al Sistema de Seguridad Interior, y poniendo a su cargo la protección de la seguridad del Estado nacional”.

La abogada diferenció: “En la ley Orgánica vigente hasta hoy, se la definía como ‘Policía de seguridad y judicial dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Nación, con el objetivo de la protección de bienes y personas de particulares, funcionarios y empleados y bienes del Estado nacional’”.

Además, la letrada alertó que el decreto 383/2025 “permite a la Policía Federal desarrollar tareas de inteligencia criminal por fuera de la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520”, al tiempo que la faculta a “reunir pruebas para iniciar una investigación sin que lo pida un juez o un fiscal”.

La integrante y fundadora de la CORREPI, asimismo, advirtió que el texto normativo habilita a la fuerza a efectuar “todo tipo de seguimiento y requisa sin orden judicial”, además de “interceptar y detener a personas sin causa”.

En síntesis, la abogada alertó que la “habilita a implementar cualquier actividad que determine el Ministerio de Seguridad Nacional” y, al finalizar, sostuvo: “Le pueden ordenar lo que quieran”.