La derogación de la Ley de Alquileres, incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció por cadena nacional el presidente de la Nación, Javier Milei, rodeado de sus ministros, trajo consigo una enorme polémica sobre qué pasará con los contratos de ahora en más y a quién beneficiará. Ante esta situación, cronica.com.ar dialogó con inquilinos y representantes del sector inmobiliario, quienes brindaron sus opiniones sobre esta medida. 

Cabe destacar que la decisión presentada el jueves establece que "los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato". En tanto detalla que "Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres".

 

Asimismo señala que " si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) si el precio estuviera fijado en moneda nacional, o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada".

 

 

Consultada por cronica.com.ar, Marta Liotto, ex presidenta del Colegio Inmobiliario, destacó: "Estábamos expectantes por la llegada de esta medida e incluso se la habíamos pedido al presidente apenas asumió porque estábamos sobre una ley nefasta, en oferta cero. Había que revertir esta realidad porque creemos que es lo mejor que le puede pasar al sector, tanto a inquilinos, propietarios e inmobiliarios".

En esa línea, aseguró que "esto va a beneficiar a todas las partes. Los propietarios van a sentirse en un escenario se comodidad y los inquilinos se van a empoderar. Nosotros propiciamos eso para que puedan elegir lo que quieran alquilar y sobre qué valores y qué pautas elaborar ese contrato de locación".

"También deseamos que quienes hayan retirado inmuebles de la oferta vuelvan al mercado de alquileres. Hay muchos que fueron cerrados, que se volcaron para el alquiler temporario y se dieron cuenta que eso no es una panacea, inmuebles que se volcaron a la venta y que no se han vendido, entonces hay que convencerlos que este es un muy buen escenario para regresar", cerró. 

Por su parte, Ricardo Botana, actual presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), indicó que "a lo largo de los años vimos que esta ley fracasó, tanto la de junio de 2020 como la de la última modificación. Lo que generó es que cada vez más se vayan los inmuebles del mercado común hacia el alquiler temporario, por lo que dejó a los inquilinos sin inmuebles, más allá de que la ley tenía un plazo más amplio. Permitir ese sistema de actualización e indexación no fue positivo porque lo que ocurrió es que cada vez retiren más inmuebles del mercado común de alquileres". 

Asimismo el presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, advirtió sobre las consecuencias de la derogación de la Ley de Alquileres incluida en el DNU publicado en el Boletín Oficial."El decreto del presidente (Javier) Milei establece que nos pueden cobrar alquileres en cualquier moneda, en dólares, en euros, en lo que se les antoje, que ya no hay plazo mínimo legal para los contratos de alquiler de vivienda o sea, nos van a poder hacer firmar contratos por 15 días, por un mes, por dos meses", señaló el dirigente.

Por último, Muñoz resaltó que a partir de la derogación de la Ley de Alquileres "las actualizaciones pueden estar atadas a cualquier índice, público o privado, el IPC, la inflación, por supuesto que es lo que se le antoje a la inmobiliaria, 30% mensual, o atar el precio del alquiler al dólar blue, a la nafta o a lo que quieran".

El DNU derogó la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020 y la reforma implementada en 2023, que estableció una duración de tres años para los contratos de locación, fijó condiciones de actualización cada seis meses, y la obligatoriedad de registrar en pesos los contratos en la AFIP. Esa primera ley estableció que los contratos podían aplicar aumentos anuales con actualización por el índice de contratos de locación, que el Banco Central publicaba mensualmente y estaba conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

 

En octubre de este año, la Ley se modificó y se redujo a 6 meses el plazo de actualización de los valores, al tiempo que se cambió el ICL por la fórmula Casa Propia, que se utiliza para los créditos Procrear, y que se calcula con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).