Por Damián Juárez
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Duró poco la tranquilidad postasunción de Alberto Fernández y una batería de resoluciones y medidas del nuevo gobierno -que intenta aprovechar los primeros días- movieron el escenario político. Se produjeron resoluciones judiciales que suman argumentos para la discusión por el lawfare esgrimido tantas veces tanto por Cristina como por Alberto Fernández, esto es, la utilización de la Justicia para la persecución política: tanto para encarcelar dirigentes como para liberarlos.

A los anuncios de retenciones al campo, la llegada de Evo Morales y el paquete de emergencia económica que se enviará al Parlamento se sumó la decisión judicial de liberar a Julio De Vido y a Roberto Baratta, números uno y dos del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.

Hay que aclarar que la Justicia no los declaró inocentes, sino que estableció que no podían seguir presos sin condena. Ambos ex funcionarios abandonaron el penal de Ezeiza luego de que la Cámara de Casación pidiera al Tribunal Oral Federal 7 que dictara un nuevo fallo que anulara otra resolución que prohibía las excarcelaciones.

Los ex funcionarios llevaban más de dos años presos y se entendió que ya no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. De Vido pasó el sábado en su chacra de Zárate con un dispositivo de tobillera electrónica y acompañado por su mujer, Alessandra “Lali” Miniccelli, también ex funcionaria de la gestión de Cristina.

Fue liberado en la causa Cuadernos, pero seguirá sin poder salir de su casa por otra causa, donde se investiga el manejo de los fondos para la mina de carbón de Río Turbio. El caso de Baratta es distinto: no tiene prisión domiciliaria, aunque también tendrá que usar tobillera electrónica para que sus movimientos puedan ser monitoreados.

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Tras estas resoluciones, cabe esperar si el ex ministro de Economía y ex vicepresidente Amado Boudou, quien no tiene condena firme, correrá la misma suerte. Si eso ocurriera, se terminaría cumpliendo la consigna proclamada por sectores kirchneristas de tener “una Navidad sin presos políticos”.

Historia de una liberación

La excarcelación de quien fuera el hombre fuerte de la obra pública en el país durante 12 años se produce luego de que el propio De Vido se negara a recibir alimentos del Servicio Penitenciario.

La causa Cuadernos comenzó en abril de 2018, cuando una investigación del periodista Diego Cabot permitió conocer las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre pagos de coimas por parte de beneficiarios de obra pública, acusaciones que luego fueron confirmadas en sede judicial por parte de los propios empresarios involucrados.

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De Vido había aludido a “causas que se me han armado en el marco de la feroz y despiadada persecución que he sufrido desde el 10-12-2015, por parte de los tres poderes del Estado, con privación ilegítima de mi libertad, desde el 20-10-2017”.

Esta liberación no significa el fin de los problemas judiciales para De Vido: tiene por lo menos cinco expedientes por corrupción y con procesamientos confirmados.

Así como los primeros días del gobierno de Fernández no dieron respiro en materia informativa, con decisiones económicas que tendrán su impacto en el bolsillo, con medidas impositivas incluidas, la Justicia también pareció bailar al ritmo de los tiempos políticos, dejando libre a un De Vido que durante el gobierno de Macri estuvo preso. La grieta, en este contexto, parece no cerrarse y la nueva oposición ya debuta el próximo 18 de diciembre con un cacerolazo nacional que tendrá su epicentro en el Congreso.