Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, denunció una serie de irregularidades y maltratos en perjuicio del ex ministro de Planificación Federal durante su visita al Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza, donde el ex funcionario permanece detenido desde el jueves por la causa de la Tragedia de Once.

En un comunicado, Minnicelli afirmó que la alimentación proporcionada no responde a una dieta apta para personas con diabetes e insulinodependientes: "En el desayuno le dieron cinco panes, lo que significa veneno para él", remarcó. Además, señaló que el ex ministro pidió agua caliente para preparar mate cocido, pero que le fue negada, al igual que el acceso a una ducha.

También mencionó que De Vido no puede comunicarse con el exterior debido a que sólo hay un teléfono con tarjeta disponible, al que se puede acceder sólo una vez hasta las 20 horas. Minnicelli aseguró que su esposo tampoco tiene acceso a su medicación habitual. Ante este panorama, informó que se realizó una presentación judicial.

En cuanto al pedido de prisión domiciliaria, sostuvo que, a pesar de contar con un informe de salud completo y certificado, el tribunal ordenó una nueva pericia médica y un informe socioambiental en su domicilio, diligencias que aún no se habrían concretado.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, su ministro de Desarollo, Andrés Larroque, y el titular de la cartera de Trabajo, Walter Correa (Trabajo), junto a una treintena de intendentes peronistas, firmaron un comunicado en solidaridad con "el compañero Julio De Vido".

El ex ministro de Planificación Federal fue condenado de manera “injusta”, señala el texto. "Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo", agrega.

En el comunicado, los dirigentes consideraron "imprescindible revisar las actuaciones que llevaron a la situación actual de Julio De Vido" y "adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para resguardar su salud e integridad".

En este último punto, los firmantes expresaron preocupación: "La privación de su libertad pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud". Por ello, exigieron "que de manera inmediata reciba la atención médica necesaria para el tratamiento de su enfermedad crónica" y "se evalúe con urgencia la posibilidad de otorgarle la detención domiciliaria".

Además de Kicillof, Larroque y Correa, el petitorio lleva las firmas de los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Lucas Ghi (Morón), Julio Alak (La Plata), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan José Mussi (Berazategui), entre otros.

El interbloque de senadores de Unión por la Patria también emitió un comunicado para repudiar la detención del ex ministro de Planificación Federal, la cual calificó como “arbitraria”.

En este sentido, denunció la existencia de una “persecución política” impulsada por la Justicia y sectores del oficialismo comandado por el presidente Javier Milei.

Los legisladores remarcaron que este proceso contra De Vido es “una muestra más” de un entramado de hostigamiento contra referentes opositores que busca “disciplinar a la dirigencia nacional, popular y democrática”.

Así, compararon la situación con otros episodios que consideran parte de un “plan sistemático de persecución”, como en el caso de “la compañera Cristina", y señalaron que "la cárcel es la condena máxima para impedir la realización de la Argentina libre, justa y soberana”.

En cuanto a las condiciones de detención que denunció la esposa del ex funcionario, advirtieron que impedir el acceso a medicación, servicios básicos y comunicación con sus abogados es una “violación a estándares internacionales de derechos humanos”.