Una fundación de ambiantalistas de Córdoba presentó este martes una denuncia para que se investigue al gobernador Juan Schiaretti y a funcionarios del Gobierno local, para determinar eventuales responsabilidades penales, a causa de no haber actuado de manera temprana en para detener la propagación de los incendios forestales en esa provincia.

Hasta el momento y según los datos oficiales preliminares, los incendios en las serranías ocurridos entre junio y septiembre ya arrasaron con cerca de 200 mil hectáreas en Córdoba. La denuncia penal fue promovida por el titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro, acompañado por el abogado Juan Carlos Smith, y fue ingresada en la Fiscalía del Distrito 2 Turno 5, de la ciudad de Córdoba, detalla la información suministrada a los medios por la entidad ambiental que es miembro consultivo del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Funam entiende que el gobernador Schiaretti actuó con "demora en pedir apoyo urgente a otras jurisdicciones" para combatir los incendios, ya que el fuego comenzó en junio y se mantuvo activo ininterrumpidamente hasta la actualidad.

En ese contexto, el escrito de la denuncia, asevera que el mandatario provincial "es el único responsable de decidir el requerimiento de auxilio de otras jurisdicciones en materia de Bomberos Voluntarios y tecnología de extinción de fuegos, previa declaración del estado de emergencia Amarillo o Rojo". Además, la denuncia especifica que el requerimiento de ayuda fue "demorado en forma injustificada" y que consecuentemente esa demora llevó a que "se registraran víctimas y daños incalculables a los bienes naturales de la provincia, y a los bienes particulares de personas afectadas".

 

 

En el planteo se pide a la Justicia que investigue al gobernador, y a los funcionarios de su gobierno, por los presuntos delitos del abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, contemplados en el artículo 248 del Código Penal y por las infracciones a los artículos 186, 188 y 189, vinculados a los delitos contra la seguridad pública, particularmente a los "incendios y otros estragos".

 

 

Por otra parte, los grupos ambientalistas reclaman más educación en las escuelas sobre el menejo y prevención de incendios, y acusan al gobierno provincial de desactivar 63 puestos de vigía, para alertar posibles focos de incendio.