Por Luis Autalán

El manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses recibió severas críticas desde la órbita sindical y expertos en materia previsional. Dos tópicos se realzan para ambos criterios: la corrosión del fondo en búsqueda de acelerar la privatización del sistema.

El Secasfpi, gremio de los trabajadores de esa administración fustigó que la emisión de Letras del Tesoro por $86.000 millones haya sido colocada "en su totalidad" en el FGS. Miguel Fernández Pastor, abogado y ex funcionario de la Anses reiteró que "el fuego no lento" con el cual se consume el fondo se aprecia no solo en la reducción de $93.983 millones del año pasado sino que en el segundo trimestre "se pagarán prestaciones corrientes con ese fondo, tal cual lo acordado con el FMI". El letrado fundamentó su análisis en rigor de los últimos datos oficiales disponibles a octubre del año pasado ante la consulta de BAE Negocios.

Carlos Ortega, secretario general del Secasfpi, apuntó tanto al Gobierno nacional como a la gobernadora María Eugenia Vidal: "Parece que no les alcanzó con endeudarnos. Se financia al Tesoro y se desfinancia a la Anses sin frenos ni reparos", sostuvo. Desde el escenario financiero acotó que con "tasas de interés sin techo para intentar sin éxito contener el dólar", el gobierno bonaerense colocó bonos en la Anses al 12% anual. "En diciembre fueron 3 bonos por $28.000 millones, en enero $10.000 millones más a esa tasa ridícula".

Tanto el gremio como Fernández Pastor apuntaron que al momento de su creación en 2008 el FGS era de u$s28.000 millones y para 2015 al inicio de la gestión Cambiemos contaba con más de u$s50.000 millones, empero hoy el FGS apenas supera los u$s40.000.

Además de la merma de u$s10.000 millones Ortega consideró excluyente que no se establezca el eje de administración desde créditos productivos, que por citar un ejemplo retroalimentan el sistema de aportes como una herramienta financiera contracíclica. Respecto a la posible saga de privatización del sistema, Fernández Pastor dijo que las condiciones impuestas por el FMI permiten asegurar que "este será el año de la reforma". La eventual incoveniencia de acelerar un proceso ese tipo en un año electoral no sería un freno: "Se puede hacer sólo es necesaria la complicidad de actores conocidos y complacientes: la administración de justicia, los medios concentrados de comunicación, sectores financieros, el FMI y los abogados previsionalistas".

También coincidieron en fustigar que por estos días se "endeuda a los jubilados con su propio dinero" a fin de que ellos puedan costear servicios públicos o medicamentos. "Parece una broma de mal gusto, pero no lo es", ironizó el dirigente sindical.

Ambos también puntualizaron que en la Ley de Reparación histórica se estableció que el Estado podía vender acciones del FGS, como se lo ejecuta bajo el dominio del FMI. "Parece que siempre se puede estar peor, dilapidan el dinero aportado por los trabajadores, y pretenden sacar al Estado de los directorios de las empresas para las cuales trabaja este gobierno", denunció Ortega quien también descuenta que no existen casualidades "van por la privatización del sistema".