El Ministerio de Salud formalizará una denuncia penal contra la ex Secretaría de Salud del gobierno macrista, por la posible comisión del delito de perjuicio a la administración pública, cometido en la renegociación de un contrato para la compra de una partida de leche en polvo concretada en violación a la normativa vigente, que habría tenido sobreprecios por un monto superior a 4.500.000 pesos. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la resolución 832/2020 publicada en el Boletín Oficial de hoy, en la que dispuso el inicio de la acción penal, indicó que “la renegociación aprobada no solo infringe la normativa aplicable en la materia, sino que además constituye una violación a los principios generales a los que deben ajustarse las contrataciones de la Administración Nacional". La compra de leche fortificada en polvo fue promovida por la entonces Secretaría de Gobierno de Salud, que ocupaba Adolfo Rubinstein, y se adjudicó en febrero de 2018 por resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, a Manfrey Cooperativa de Tamberos de Comercialización e Industrialización Limitada, por la suma de 76.280.000 pesos.

Pero en octubre de 2018, Manfrey presentó una solicitud de renegociación de precios, con el argumento de que los valores adjudicados “habían quedado totalmente distorsionados, ya que la apertura de ofertas había ocurrido en enero de 2017” y producido por el transcurso del tiempo alteraciones “en el equilibrio contractual”, se señala en la resolución firmada por Vizzotti.

Esta solicitud fue aprobada en setiembre de 2019 por la ex Secretaría de Gobierno de Salud, que reconoció la suma de 4.576.800 por mayores costos, los que debían adicionarse a los montos originales previstos en la orden de compra.

Sin embargo, la aprobación se dio frente a la sola presentación de la firma y más de tres meses antes de la notificación de la orden de compra, cuando Manfrey “se limitó a invocar la variación porcentual dentro de su estructura de costos con cita de índices de precios de enero de 2017 a agosto del 2018, es decir, de hechos ocurrido más de doce meses antes al perfeccionamiento del contrato”, agrega la resolución 832/2020 publicada hoy.

Indica que de este modo no se constató “mediante elementos convictivos suficientes, la existencia de circunstancias sobrevinientes acaecidas entre el perfeccionamiento del contrato y la solicitud de renegociación, ni que las mismas afectaran de modo decisivo el equilibrio contractual”.

Tampoco se tomó en cuenta “la procedencia de un mecanismo de aplicación restrictiva cuya utilización debe encontrarse sumamente justificada”, ya que “altera las condiciones del contrato a favor del proveedor, asumiendo el Estado la obligación de pagar sumas adiciones a las pactadas originalmente”, expresa, y evalúa que estas circunstancias tornan a la operación “de nulidad absoluta e insanable”.

Además, “el entonces Secretario de Gobierno de Salud no se encontraba facultado para proceder a la renegociación de los precios oportunamente adjudicados”, atribución que “correspondía exclusivamente al Jefe de Gabinete de Ministros en tanto implicaba la modificación de los términos de la contratación por él aprobada”, puntualiza al detallar los distintos vicios del acto.

Tras el análisis del procedimiento de renegociación, Vizzotti dispuso formular denuncia penal por la posible comisión de delito en perjuicio de la administración pública, y para recuperar las sumas abonadas; instruir un sumario administrativo para esclarecer los hechos que llevaron a aprobar la renegociación, y comunicar la decisión a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, así como a la compañía tambera.