Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el Sector Público Nacional perdió 52.340 puestos de trabajo, una caída del 15,2% en su dotación hasta mayo de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). 

Este ajuste, centrado en la reducción del tamaño del Estado, impactó con fuerza en empresas públicas, organismos descentralizados y la administración centralizada, afectando servicios esenciales y capacidades estratégicas del país.

 

En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentran la mayor cantidad de despidos. El Correo Argentino encabeza la lista con 4.945 desvinculaciones, comprometiendo su rol en la conectividad territorial, distribución de DNI, medicamentos y soporte electoral. 

Le sigue la Operadora Ferroviaria SE con 2.293 cesantías, afectando el desarrollo ferroviario y las economías regionales. Aerolíneas Argentinas registra 1.780 despidos, impactando la conectividad federal, mientras que el Banco Nación y AySA reportan 1.689 y 1.577 bajas, respectivamente, en un contexto de posibles privatizaciones y riesgos operativos.

 

En términos proporcionales, la ex Télam sufrió el recorte más drástico, con una reducción del 80% de su personal (644 trabajadores), llevándola a una virtual extinción. Este desmantelamiento afecta la pluralidad informativa y la producción de contenidos federales. 

Enarsa Patagonia, clave en políticas energéticas, también enfrenta una fuerte reducción, seguida por Educar SA y Contenidos Públicos SE, que pierden capacidad para democratizar el acceso a la educación y la cultura. En el ámbito tecnológico, el Polo Tecnológico Constituyentes y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE (ADIF) registran recortes del 40% y 34%, impactando en la investigación científica y la infraestructura ferroviaria.

Impacto en ARCA y Conicet y un “repliegue del Estado”

En la Administración Pública Nacional (APN), la Agencia de Recaudación de la Seguridad Social y del Estado Nacional (ARCA) lidera las bajas con 2.996 despidos, afectando la fiscalización y gestión de recursos públicos. 

La Anses perdió 1.423 trabajadores, comprometiendo la atención de jubilaciones y programas sociales, mientras que el Conicet registra 985 desvinculaciones, debilitando la investigación científica en áreas como salud y energía. Otros organismos golpeados incluyen el Enacom (778 bajas), el INTI (726) y el Senasa (482), con impactos en conectividad, innovación tecnológica y sanidad agroalimentaria.

 

En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió un recorte del 64%, limitando la articulación de políticas contra la pobreza. 

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) perdió el 44% de su personal, afectando la investigación de siniestros, y el INAES un 41%, debilitando el apoyo a cooperativas y mutuales. En salud, el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Laura Bonaparte registran un 39% de bajas, comprometiendo la atención oncológica y en salud mental.

El informe del CEPA revela que este recorte no sólo implica pérdidas laborales, sino un repliegue del Estado en funciones esenciales como conectividad, salud, educación, ciencia y seguridad. Con organismos estratégicos desmantelados, el ajuste refleja una redefinición del rol del Estado, subordinando derechos sociales y capacidades públicas a la lógica del mercado.

 

Al analizar la reducción de personal en términos proporcionales, surgen casos particularmente alarmantes que evidencian una lógica de ajuste insostenible desde el punto de vista institucional, social y sanitario. 

Lejos de constituir una estrategia de racionalización administrativa, estas reducciones afectan directamente la capacidad del Estado de brindar servicios esenciales y proteger derechos fundamentales.

Como conclusión general puede confirmarse que -tal como lo dijera el propio presidente Milei en su campaña electoral- desde diciembre de 2023 una de las políticas centrales del gobierno ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados.