El sacerdote Javier Olivera Ravasi es apuntado como el organizador de la reunión de diputados oficialistas con represores condenados por delitos de lesa humanidad, en la cárcel de Ezeiza, el 11 de julio pasado. En las últimas horas se confirmó que fue desplazado de la Diócesis de Zárate-Campana. La Iglesia aseguró que su decisión se debe a que recibió "numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano".

En este marco, el religioso sería el organizador de la visita de seis diputados de La Libertad Avanza con una decena de condenados por delitos de lesa humanidad, que reclaman salir de la prisión. Los legisladores son Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.

Mientras tanto, los represores condenados que se vieron con los representantes del Poder Legislativo son Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).

Cabe mencionar que Olivera Ravasi es hijo del ex militar Jorge Antonio Olivera, quien fuera jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22, en San Juan. 

Se le atribuye haber sido el jefe de un grupo de tareas que secuestró y torturó a decenas de personas, muchas de las cuales permanecen desaparecidas. En 2007 fue condenado en la “Megacausa San Juan” por 200 secuestros, torturas, violaciones y desapariciones y hoy está con prisión domiciliaria.

El obispado explicó en un comunicado que Olivera Ravasi “está incardinado en la Diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza, fuera de la misma desde hace varios años”, y explica que “por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, la que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año”. “Posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, detallaron.

Además, en el comunicado aclararon: “Se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis”.

Por su parte, el presidente y el vice de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea y Marcelo Colombo, recibieron a organismos de derechos humanos y les manifestaron que la actuación de Olivera Ravasi no representa el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica. 

Ambos recibieron a integrantes de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la seccional La Matanza de esa entidad, HIJOS Capital, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte.