A la espera de darle sanción definitiva a la Ley Bases en Diputados, el oficialismo ya piensa en la agenda legislativa que llevará adelante durante el segundo semestre del año. Será un temario "amplio", según adelantó el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y una vez más resultarán clave los acuerdos con los bloques dialoguistas por la falta de mayoría propia.

En principio, La Libertad Avanza pondrá el foco en tres iniciativas. Una de ellas es declarar la educación como servicio esencial. La comisión de Educación ya dio un primer paso en esa línea, al emitir dictamen el último jueves, con el respaldo de la mayoría del Congreso, a excepción del bloque de Unión por la Patria.

El texto fue firmado por los libertarios, el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal -en disidencia parcial-. Entre sus principales ejes, busca "declarar la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo".

Las actividades esenciales (como la medicina) deben mantener el 75% de sus prestaciones activas, lo que le permitiría al gobierno de Javier Milei desactivar los paros docentes. La última medida de fuerza ocurrió el 23 de mayo pasado, cuando los gremios del sector realizaron una huelga de 24 horas en protesta por el atraso salarial y la falta de convocatoria del Ejecutivo a la paritaria nacional.

La agenda del gobierno incluye también la ley de Ficha Limpia. Se trata de iniciativa impulsada por el bloque radical que propone una serie de modificaciones a leyes y al Código Nacional Electoral para imposibilitar que personas condenadas por hechos de violencia de género, delitos contra las personas, la propiedad, el orden público, la administración pública o por crímenes de lesa humanidad, entre otros, puedan presentarse como candidatos y precandidatos a cargos públicos, partidarios o en sindicatos.

Al mismo tiempo, las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior avanzan en la discusión del paquete de iniciativas enviado al Congreso por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con la firma de los dictámenes correspondientes, el proyecto que modifica la Ley de Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual ya está en condiciones de ser debatido en el recinto.

Así como La Libertad Avanza busca "imprimirle más ritmo a la agenda legislativa", según dijo Martín Menem, también deberá afrontar una serie de desafíos en el Senado. Quizás el más complicado sea la actualización jubilatoria aprobada días atrás en Diputados. El bloque radical acelera su análisis y el oficialismo se prepara para una derrota, más allá de que Milei anticipó sus intenciones de vetar la iniciativa en cuestión.

Con 160 votos afirmativos, 72 negativos y ocho abstenciones, la Cámara baja dio media sanción días atrás a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que busca reemplazar la establecida por el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). "No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario", reaccionó Milei.

A eso se suma el pedido de los 33 senadores de Unión por la Patria para interpelar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El bloque comandado por el formoseño José Mayans intenta conocer "en voz “en voz de la propia ministra las explicaciones sobre el escándalo desatado días atrás tras conocerse la existencia de maniobras ilegales para el cobro de sobresueldos en funcionarios del área a su cargo”.

Los desafíos para el oficialismo no se terminan ahí, ya que enfrentará el pedido de debate de varios textos. Entre ellos, el proyecto de Martín Lousteau que declara la emergencia del sistema universitario nacional en el ejercicio presupuestario 2024 y establece los mecanismos de financiamiento del mismo. En la misma línea, una iniciativa de la neuquina Silvia Sapad da luz verde a la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales durante el año 2024 y eleva la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones para este año.

Otro reclamo opositor, en tanto, es el pedido del kirchnerismo para discutir un proyecto de ley que pone un límite de 20 salarios mínimo vital y móvil, unos cuatro millones de pesos, a las remuneraciones de los tres poderes del Estado. Al tope de la escala quedarían, según el texto, el presidente y su vice, los jueces de la Corte Suprema de Justicia y senadores y diputados nacionales.