Loan Danilo Peña, un niño de 5 años desaparecido en Corrientes, ha conmocionado al país con sospechas de trata de personas. En respuesta a este caso, el Senado argentino aprobó ayer un proyecto de ley que aumenta las penas hasta 15 años por la compra y venta de menores.

La votación, que fue unánime con 63 votos a favor, marca un paso crucial en la legislación contra la trata infantil. El proyecto, presentado por la senadora Carolina Losada de Santa Fe, modifica el artículo 139 bis del Código Penal para establecer penas de "4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado", ampliando así las sanciones respecto a la normativa anterior.

El artículo 139 ter, introducido en el proyecto de ley aprobado por el Senado, estipula penas de prisión de "5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos vinculados a la supresión y suposición del estado civil y la identidad", siempre que estos actos no estén considerados como delitos con penas más severas.

Además, la norma establece que los funcionarios públicos o profesionales que estén involucrados en este tipo de delitos serán penados con "prisión más inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena".

Otro cambio significativo es la modificación del artículo 67 del Código Penal, que ahora establece que la prescripción de estos delitos se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, realice o ratifique la denuncia. Este punto garantiza una protección prolongada para las víctimas durante su transición a la edad adulta.

Asimismo, la Ley 27.146 ha sido modificada para especificar que estos delitos caen bajo la competencia material penal federal, una decisión que fue objeto de controversia especialmente en el contexto del caso de Loan.

El proyecto, pese a contar con un amplio consenso político, será nuevamente debatido en comisión el próximo miércoles 10, según informó el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto, oficialista.

El inicio de la sesión estuvo marcado por críticas debido a que Pagotto propuso modificaciones sobre las penas, sorprendiendo tanto a los senadores que habían firmado el dictamen como al resto del Senado. En su discurso, el legislador riojano recordó que el proyecto fue presentado en 2022 pero perdió estado parlamentario. "Este es el tema de la compra y venta de niños. Es un reclamo de la sociedad, una deuda que tenemos", apuntó, y enfatizó que es "un proyecto amplio, ambicioso, que merece una discusión seria y un tratamiento lo más objetivo posible", con la intención de delimitar "la figura en toda su etimología" y dejarla librada a la interpretación judicial.

Uno de los puntos de debate giró en torno a la redacción del artículo 139 bis, que plantea eximir de pena a los progenitores en este tipo de delitos.

Sin embargo, la iniciativa se encontró con dificultades debido a que el texto difería del debatido en comisión. Tras un intenso intercambio y un debate de media hora con idas y vueltas, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), José Mayans, propuso que el texto regresara a comisión para una revisión en su articulado.

En la misma línea, desde el PRO solicitaron la convocatoria de expertos y abogados constitucionalistas para colaborar en la redacción. Senadores de otros bloques se sumaron a esta petición.

El senador de UP, Antonio Rodas, quien fue uno de los oradores, expresó su pesar por el tratamiento que se está dando a la cuestión y lo vinculó con el caso del niño de 5 años desaparecido.

Al referirse al caso, subrayó: “Hoy estamos viendo un hecho delictivo que nos hiere a todos, principalmente al pueblo de Corrientes. El chamamé está herido de muerte. Nunca jamás va a ser una fiesta igual del chamamé sin la presencia de Loan. El pueblo de Corrientes no se va a callar ni aquietar porque sabe que necesita el esclarecimiento total y absoluto de este hecho”.

Carolina Losada cerró el debate destacando que Argentina está "sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no tener legislación" que tipifique estos delitos, y mencionó que "en la actualidad hay 1777 búsquedas activas de chicos que están desaparecidos de sus casas". Subrayó: "Quizás otros chicos no están con sus familias porque sus propios progenitores los han vendido o algún familiar y no hay denuncias".   

Finalmente, la dirigente radical concluyó enfatizando que "los vacíos legales son un verdadero paraíso para los delincuentes. Necesitamos proteger a los chicos de estos años irresponsables y de desidia donde no se los ha protegido".