Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluyó en la necesidad de una reforma en el Poder Judicial en clave de género. El trabajo analiza diferentes fallos e intervenciones del Poder Judicial y las contextualiza como un límite concreto al avance en materia de derechos para mujeres y diversidades.

El trabajo fue hecho en oportunidad de la emblemática fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y lleva por título “El 8M en clave judicial”. Fue elaborado por Florencia Di Prinzio, Marianella Flores Diaz, Martina López, Carolina Berardi y Julia Strada, investigadoras del CEPA.

“¿Cómo impactan las decisiones del poder judicial en la vida cotidiana de las mujeres y disidencias? Partimos de los siguientes interrogantes: ¿El Poder Judicial aborda y resuelve sus causas con perspectiva de género? ¿Jueces y juezas toman decisiones con enfoque de derechos humanos? ¿Se garantizan derechos de mujeres y niñas dentro del Poder Judicial? ¿Se garantizan los derechos de las personas LGBTI+?”, se preguntan las autoras.

En el trabajo se detalla cómo la brecha de género ya se encuentra en el seno de las instituciones. Si bien el personal femenino comprende el 57% del total en el Poder Judicial, a la hora de evaluar los cargos correspondientes a las autoridades (ministras, procuradoras generales y defensoras generales) la cifra disminuye a 31%.

En otro punto, el reporte critica la implementación de la Ley Micaela, conocida así en recuerdo de Micaela García, víctima de un femicidio en Entre Ríos. La norma garantiza la formación obligatoria en materia de género para todos los miembros de los tres poderes del Estado. Sin embargo, el documento observa una "demora significativa" para el inicio de las capacitaciones en los Poderes Judiciales.

"El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades", evaluaron.

No se escapa de este análisis el caso de funcionarios del Poder Judicial que fueron denunciados por casos de violencia de género. Según el relevamiento del Observatorio Lucía Pérez, actualmente son 85 los varones alcanzados por este tipo de denuncias.

El informe del CEPA recopila una serie de fallos que vulneran los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, de las mujeres y diversidades. Otro caso son los fallos que dan espacio a la "impunidad patriarcal" frente a la violencia de género

"Si la justicia llega tarde no es justicia. La demora judicial es una preocupación para toda la ciudadanía, en especial para aquellos colectivos de la sociedad que sufren mayores desigualdades, pero también es una deuda pendiente del sistema de justicia frente a los/as justiciables", evaluaron en el informe.

También se hace mención al caso Higui, como se conoció a la joven que fue procesada por homicidio por haberse defendido de un grupo de hombres que intentó violarla para “sacarle lo lesbiana”. En su intento de defenderse de la violación grupal, Higui hirió de muerte a uno de sus agresores.

Eso le costó una prisión preventiva de ocho meses, hasta que en marzo del año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Martín la absolvió por considerar que obró en legítima defensa.

"Existen consecuencias directas, originadas en la falta de formación en género de funcionarios/as judiciales a la hora de tomar decisiones, sobre los derechos de mujeres, niñeces, adolescencias y diversidades”, asegura el informe.

“Cada vez que el sistema de justicia llega tarde, no solo incurre en una violación de las normas de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional en nuestro país, sino que además se constituye como reproductor de la violencia institucional y de las desigualdades de género", afirman las autoras del trabajo.