Este martes, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados nacional puso en marcha la firma de los dictámenes del proyecto de ley de "Ficha Limpia", la iniciativa que busca la inhabilitación electoral de las personas condenadas por corrupción en segunda instancia.

De esta manera, la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298 debatido en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, estaría en condiciones de tratarse próximamente en el recinto.

Vale destacar que la normativa actual solamente prohíbe la participación electoral cuando hay condena firme o cuando las personas en cuestión tienen "auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal".

La iniciativa que recibió la mayor cantidad de firmas es la de Silvia Lospennato (PRO), que cuenta con el apoyo del bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA), y gran parte de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

El proyecto que busca la inhabilitación electoral abarca los delitos penales de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.

Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto con la diputada Mónica Litza como autora del mismo, donde se firmó un dictamen que impone una condena firme emitida por la Corte Suprema como condición para impedir la participación electoral. En tanto, desde el bloque señaló que la iniciativa “vulnera el principio de inocencia”.

El tercer dictamen de minoría fue firmado por el legislador de la UCR, Fernando Carbajal, que se asemeja al presentado por Lospennato en cuanto a la condición de doble conforme, pero abarca una mayor cantidad de delitos dolosos. En tanto, el último dictamen de minoría fue presentado por la diputada del Frente de Izquierda (FIT), Vanina Biasi.

 

El debate en comisión por el proyecto “Ficha Limpia”

 

La primera en defender el proyecto fue Lospennato, quien recordó que su bloque intentó poner el tema en agenda desde el año 2016 y que en 2019 recién pudo llegar al recinto, pero no contó con el número suficiente de votos para la media sanción.

"Ahora con estos mismos bloques, sumado al bloque de LLA, somos más de los 129 diputados necesarios para que en los próximos días tengamos media sanción de ficha limpia", destacó la legisladora del PRO. Y agregó: "Este es un día de alegría porque vamos a darle dictamen al proyecto de Ficha Limpia, por el cual miles de argentinos se han manifestado durante años".

En tanto, señaló que desde el bloque "no queremos a más corruptos utilizando el Congreso como un lugar para evadir sus responsabilidades", además de defender "otro derecho que tenemos los ciudadanos, a ser gobernados por gente honesta y con la calidad ética necesaria para cumplir con esa manda constitucional".

Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, dijo que "como representantes del pueblo, nosotros venimos a cumplir el mandato de los ciudadanos que han firmado el tratamiento de Ficha Limpia. Es una construcción colectiva que vino desde el pueblo".

Por su parte, la legisladora Litza dijo que desde el bloque de UxP "la Ficha Limpia está prevista por nuestro sistema penal y jurídico. Existe, es respetuosa de las garantías constitucionales y los pactos internacionales con jerarquía constitucional".

El diputado kirchnerista, Martín Soria, acompañó los dichos de su compañera de banca y señaló que el PRO "viene a generar una cortina de humo mediática" que "va ser totalmente inconstitucional debido a que vuelven a vulnerar el principio de inocencia".

En tanto, el legislador radical Carbajal emitió un dictamen propio, agregando que no solo "no puedan ser candidatos los condenados por corrupción, sino por narcotráfico, pedofilia y asesinato". "El dictamen de la mayoría es insuficiente y no responde al concepto de Ficha Limpia. Mi dictamen contiene un criterio de razonabilidad para todo ciudadano condenado a una pena superior a 3 años", añadió.

La radical Danya Tavela consideró que al proyecto podría haberse incorporado "a través de la modificación de la Ley de Ética Pública, a los funcionarios". "En Argentina hay más de 1500 cargos del Poder Ejecutivo nacional que revisten la categoría de autoridad superior. Y esos cargos ejecutan un presupuesto tres o cuatro veces mayor que el que ejecuta este Poder Legislativo", agregó.

Margarita Stolbizer, del Partido GEN, dijo lo siguiente: "Adherimos al dictamen de mayoría, el cual nos pone en un umbral razonable para una autorregulación necesaria frente a un reclamo ciudadano. Debemos reconocer el debilitamiento de la democracia por la desconfianza en las instituciones".