La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. 

En una sesión maratónica, el proyecto, impulsado por la Unión por la Patria, recibió media sanción en la votación general al obtener un total de 148 parlamentarios votos afirmativos, contra otros 71 negativos y 3 abstenciones.

Ley de Emergencia en Discapacidad propone una mejora en las asignaciones que reciben y en la calidad de vida. En ese sentido, la iniciativa contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.

En esa línea, la medida dispone “el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social”. Además, establece que las mismas se equiparen al 70% del haber mínimo jubilatorio, siempre que los ingresos no superen los 2 salarios mínimos.

Actualmente el monto de las pensiones no contributivas por invalidez labora es de $213.286,50 (junio 2025). Además del valor que no alcanza la canasta básica individual, el gobierno nacional inició un proceso de auditorías que provocó el cese del cobro en forma arbitraria en muchos casos.

De esta forma, el proyecto, que será enviado a la Cámara Alta, prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Asimismo, la iniciativa dispone una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. 

La Ley de Emergencia en Discapacidad incluye también medidas específicas para los prestadores, como un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos.

"La ley de Emergencia en Discapacidad tiene humanidad y racionalidad económica. Tiene que ser votada porque es de pura justicia", aseguró su autor, el diputado Daniel Arroyo y agregó: "Nos concentramos en la emergencia porque hay una catástrofe en el sistema. Pero sabemos que nuestra democracia tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad y sus familias"."El Estado tiene que acompañar a las personas con discapacidad y sus familias. No puede lastimarlas y generarles más dolor". 

En tanto, otro punto clave en el proyecto es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. En ese sentido, la iniciativa añade el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816.