La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició pasadas las 11 la primera de las audiencias en las que recibirá testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en el marco de lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.

 

Al inicio de la jornada, previo a las declaraciones de los testigos, el presidente del bloque de Coalición Cívica, Juan Manuel López, leyó el documento presentado en la Cámara de Diputados donde denunció que “hay hechos de extrema gravedad institucional que suceden en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema”.

Tras esa lectura, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la sala.

“Hemos alertados de dichos actos, pero los avasallamientos han continuado y se encuentra en riesgo el estado de derecho y las garantías de los derechos de los ciudadanos”, dijo el diputado López, respecto a los pedidos de prueba de la lista de los llamados de los celulares, entre ellos, del ministro de Seguridad porteño -en uso de licencia- Mauricio D’alesandro y el asesor judicial Silvio Robles.

“Advertimos que la Comisión no solo ha cometido severas irregularidades, sino que, además, ha avanzado ilegalmente en el marco de la etapa probatoria puesto que, amparándose en una exigua y circunstancial mayoría del bloque oficialista que no refleja la voluntad popular, ha ordenado producir prueba violando las reglas del debido proceso y las garantías individuales de los ciudadanos que, como es sabido, se encuentran amparadas en la Constitución Nacional”, señala la nota presentada por el interbloque Juntos por el Cambio.

En un contexto signado por la decisión de sectores de la oposición de retirarse de la sala, el primer testigo de la primera audiencia testimonial fue el juez federal Sebastián Ramos.

La convocatoria de ambos magistrados está vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".

En tanto, el juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".

Su colega Alejo Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos, pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.

Además, la lista aprobada por los diputados para la jornada de hoy incluye los nombres de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.

Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese.