El Senado aprobó este miércoles la validez de veinte Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante la primera sesión virtual de la historia de la Cámara alta, conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, en dos de los decretos la oposición votó en contra o se abstuvo: se trata de los Decretos 313 y 329 de 2020.

El primero (313/20) dispuso el cierre de las fronteras y la imposibilidad de que los argentinos en el exterior puedan retornar al país y que estuvo vigente entre el 26 y el 31 de marzo, y el segundo (DNU 329/20) prohíbe por sesenta días los despidos sin justa causa.

El primero de los decretos obtuvo 44 votos a favor y 25 en contra y dos abstenciones, en tanto que el segundo fue aprobado por 55 votos a favor, uno en contra y quince abstenciones.

En ambos casos se trató de manifestaciones del interbloque de Juntos por el Cambio.

La discusión de la validez de los decretos se produjo durante la primera sesión virtual de la historia del Senado, tras más de cuatro horas de discusión por videoconferencia.

Aunque hubo algunos problemas de conexión promediando la transmisión, los 71 senadores pudieron votar sin problemas y alrededor de 26 pudieron hacer uso de la palabra.

 

El gobierno de Alberto Fernández dictó decretos para establecer el aislamiento social; el congelamiento de las cuotas de alquileres y créditos; refuerzos de ayuda social para los sectores vulnerables; beneficios para las pymes, que les permiten afrontar el pago de los sueldos ante la caída de la actividad económica, entre otras cuestiones.

Los DNU atendieron también la ampliación de la Emergencia Pública en materia sanitaria por un año, la obligación de hacer cuarentena por 14 días a las personas que ingresan al país, la prohibición de cortar servicios públicos y de cerrar cuentas bancarias hasta el 30 de abril.

 

 

 

 

Además, ampliaron plazos para que las pymes puedan suscribirse a la moratoria para el pago de sus deudas y congelaron hasta septiembre las ejecuciones hipotecarias, así como las cuotas por alquileres y créditos hipotecarios.

El Gobierno también dispuso a través de un DNU el 31 de marzo y por espacio de 60 días la prohibición de despidos "sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo".

En esa línea, creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la Emergencia y el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Al cerrar el debate, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, remarcó que “hay gente que necesita que el Estado dé respuestas” y llamó a “agudizar el ingenio, la Argentina y el mundo, para que haya vida digna”. “Ayer tuvimos un récord de contagios. Por eso, hay que estar a la altura de las circunstancias”, mencionó.

El senador formoseño también cuestionó “a algunos senadores que dicen que el parlamento está parado”. “Me pregunto, ¿a qué se dedican esos senadores? Se suman a las voces de algunos que predican la antipolítica porque no están de acuerdo con la democracia ni con las libertades fundamentales”, expresó.

En tanto, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, defendió el apoyo de la oposición a la mayoría de los decretos pero reclamó que los tres poderes del Estado se pongan a trabajar.

“Como avanzamos en la flexibilización de medidas de aislamiento, es tiempo de transitar la normalidad institucional en la Argentina”, remarcó. Naidenoff insistió en que “las crisis se resuelven con la presencia plena de los poderes” y consideró que es “insólito que la justicia permanezca en cuarentena”.