El Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de desmantelar una de las políticas públicas como la Línea 144 y los programas del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que implica el despido del 80% de los trabajadores en contexto al crecimiento de la tasa de desocupación y la ola de despidos dentro del Estado.

Así lo comunicó las redes sociales de la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mujeres, Géneros y Diversidad, en torno a los "despidos masivos en la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género".

La lista de los despidos incluye la Línea 144, que asiste a mujeres y personas LGBT que atraviesan situaciones de violencia, como los programa de Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Hogares y Refugios, Acompañar, Producir, Prevención y Formación, Programa Travesti Trans, Ley Micaela, Escuelas Populares, Acompañamiento a diversidades, Políticas de Cuidados, Igualdad, entre otros.

Los trabajadores estatales explicaron que al finalizar la jornada laboral del último viernes 28 de junio, los mails con aviso de despidos comenzaron a circular, producto del "desguace en las políticas públicas de género del Estado Nacional".

La ATE responsabilizó los despidos del 80% de las trabajadoras estatales al presidente Javier Milei, a la ex subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia; y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

 

¿Qué implica el desmantelamiento de los programas del ex Ministerio de Mujeres?

 

Según el sindicato, dichos despidos "implica el absoluto desamparo de todas las mujeres y diversidades del país, además del incumplimiento de la normativa nacional y los compromisos internacionales en la materia".

"El Gobierno nacional incumple las leyes, la Constitución Nacional, y los Tratados Internacionales de carácter constitucional, dejando totalmente en desamparo a mujeres y diversidades de todo el país", argumentaton desde la ATE.

Dicho desmantelamiento de las políticas públicas perjudican el accionar a "las respuestas necesarias ante situaciones gravísimas y que permiten prevenir violencias y promover derechos".

La asistencia de la Línea 144 se creó en septiembre del año 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La misma brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+) en situación de violencia de género, conforme lo establece la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Con la sanción de la Ley N° 26.743 de Identidad de género se amplió la interpretación de las violencias de género, entendiéndose como una manifestación de las relaciones de poder basadas en el género que afecta a mujeres y también a LGBTI+. Dicha norma reconoce la identidad autopercibida y el derecho de cada persona a un trato digno.

La visibilización nacional de la Línea 144 se alcanzó luego de una fuerte campaña de difusión por los medios de comunicación y el boca en boca de las personas, como parte de un proceso de sensibilización social en torno a las violencias de género.

Es menester recordar que la Ley N° 26.485 define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.

Durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), se registraron cerca de 340 comunicaciones al día a nivel nacional, un promedio de 10.400 llamados al mes y 125.000 al año.

Del 2013 al 2023, el 95,5% de las denuncias manifestó haber atravesado violencia psicológica; un 70,4%, por violencia física; y un 10,1%, por violencia sexual.

En las comunicaciones, mujeres y LGBTI+ denunciaron violencia de género de la siguiente manera: un 95,3%, por violencia doméstica; 1,3%, por violencia laboral; 1,6%, por violencia institucional; y un 0,6%, por violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática, violencia política, en el espacio público, entre otras.