Por Silvina Saux

El 2019 dejó varias causas cerradas y otras tantas con final abierto. Hubo declaraciones altisonantes, pero también, sentencias inéditas en el país como las que recibieron los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi del Instituto Próvolo, luego de que se probaran los abusos cometidos contra los niños hipoacúsicos que asistían a la institución. Aquí, un repaso por los casos y los fallos más trascendentes de 2019. 

Caso D´Alessio:

En febrero, la modorra judicial post feria de verano, se vio dramáticamente conmovida por la presentación en el juzgado federal de Dolores de un productor agropecuario, Pedro Etchebest, quien denunció que había sido extorsionado por el abogado (luego se sabría que no lo era) Marcelo D'Alessio, quien le exigió dinero para sacarlo de la causa de los "Cuadernos de la corrupción".

Etchebest no estaba imputado en ese expediente, pero, según dijo,  D'Alessio actuaba en nombre del fiscal Stornelli y le aseguró que el ex titular de Hacienda de Santa Cruz, lo había nombrado en la investigación de las anotaciones del remisero Centeno.

La denuncia cayó en manos del juez Alejo Ramos Padilla, quien terminó descubriendo que D'Alessio no era ni abogado, ni agente de la AFI, ni de la DEA, como había dicho. Lo procesó por espionaje, lo detuvo y llamó a indagatoria a Stornelli, quien durante siete meses no se presentó, arguyendo que todo era una maniobra para hacer caer la causa "Cuadernos" y fue declarado en rebeldía. Ramos Padilla consideró que había develado una turbia maraña que implicaba a funcionarios judiciales, policiales, espías "inorgánicos" y periodistas, para someter a extorsión a sus víctimas.

Operativo Puff

Casi paralelamente con el "caso D'Alessio" trascendió lo que dio en llamarse "Operativo Puff". ¿De qué se trató? De escuchas según las cuales podía inferirse que ex funcionarios kirchneristas presos en Ezeiza sabían con una semana de anticipación, que se radicaría una denuncia contra Stornelli en Dolores. Eduardo Valdez, ex embajador en el Vaticano, aparecía diciéndole al ex Secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, "quedate tranquilo que los que te c... a vos, puff", en evidente alusión a Stornelli y Bonadio.

Roberto Baratta en un diálogo asevera que "el lugar para ir a declarar es Dolores", como si confiara en Ramos Padilla. Lo curioso es que las transcripciones llegaron en sobres anónimos tanto al despacho de Stornelli como a las oficinas de la diputada Elisa Carrió. La causa quedó en manos de Bonadio. Por eso, uno de los mencionados - no imputado- en la investigación, el juez Juan Ramos Padilla, pidió la nulidad de la causa y el apartamiento del magistrado, quien no podría "ser juez y parte, víctima e investigador".

 

Primer juicio a Cristina

En el agitado mes de febrero pasado, la entonces senadora y actual vice presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, estaba a punto de participar del primer juicio en su contra, acusada de ser la jefe de una asociación ilícita que benefició con 56 obras a Lázaro Báez, proporcionándole obras a sus empresas por 46000 millones de pesos.

El juicio iba a empezar el 26 de febrero, pero pocos días antes, Jorge Tassara, miembro del Tribunal Oral Federal 2, pidió licencia. Fue sometido a un triple by pass y murió a principios de marzo. Las audiencias se pospusieron para mayo y fue entonces cuando la hoy vicepresidente, sin saludar a ninguno de sus ex funcionarios, enjuiciados como ella, escuchó las tres horas de lectura de la acusación junto a su defensor, Carlos Beraldi. A fin de año sería ella quien hablara el mismo tiempo ante el tribunal.

 

"Cuadernos", elevada a juicio

La investigación que sacudió a la política y el empresariado durante 2018, con decenas de detenidos, arrepentidos, allanamientos y controversias, fue elevada parcialmente a juicio en septiembre, con 53 imputados.

La porción principal cuenta entre los imputados a Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, el financista Ernesto Clarens, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner y el ex secretario de Obras Públicas, José López. La vicepresidente irá a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 por encabezar una asociación ilícita que recaudaba coimas de los empresarios que hacían negocios con el Estado.

También se juzgarán en una fecha aún no establecida, las maniobras de lavado del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, y los presuntos cohechos en el marco de los subsidios a los ferrocarriles. 

 

Los horrores del Instituto Próvolo

Los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, fueron condenados en noviembre pasado por abusos sexuales contra estudiantes hipoacúsicos que asistieron al Instituto Próvolo de Mendoza. A Corbacho le correspondieron 45 años de prisión, a Corradi, 42. Éste ultimo llegó a la Argentina tras haber desplegado las mismas conductas en Italia.

En 2016 una ex alumna denunció golpes, torturas, maltratos y abusos sexuales. Todo en perjuicio de niños sordos cuyos padres confiaban en la institución para superar sus dificultades. Los sacerdotes fueron hallados culpables de delitos aberrantes como abusos sexuales simples, agravados con acceso carnal y corrupción de menores.

Morigeración de la prisión preventiva

El 13 de noviembre se conoció la Resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Suena muy complejo, pero en realidad es un mecanismo para limitar la discrecionalidad de los jueces a la hora de dictar  prisión preventiva, buscando medidas menos lesivas.

El famoso artículo 210, que abriría tantas celdas poco después, propone antes de la privación de la libertad, la obligación de presentarse ante el tribunal, la prohibición de salir del país o de un ámbito territorial determinado, la entrega del pasaporte, la vigilancia electrónica con tobillera o la prisión domiciliaria.

El artículo 221 ordena evaluar el peligro de fuga a la luz de la contención familiar, la pena en expectativa y las posibilidades para huir o mantenerse oculto del imputado. Los defensores de los presos con prisión preventiva no dejaron pasar la oportunidad.

 

Los beneficiados

A partir de las modificaciones del Código, las defensas de los detenidos con prisión preventiva comenzaron a pedir la libertad de sus clientes. Se trató de aquéllos que se encontraban privados de su libertad a la espera de juicio, o quienes estuvieran sin condena firme. Así, fueron saliendo de los penales, o de las prisiones domiciliarias.

Un breve repaso que no puede sino ser incompleto, trae a la memoria los nombres de Jorge Castillo, "el rey de la Salada", Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, el ex intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, los empresarios Gerardo Ferreyra, Cristóbal López y Fabián de Sousa, el sindicalista Omar "el caballo" Suárez, Carlos Kirchner, primo del ex Presidente, el ex titular del ente Yacyretá, Oscar Thomas y el ex jefe de "Quebracho", Fernando Esteche, entre otros.

 

Condenas tardías

 

En febrero último, la Cámara de Casación reiteró que la condena del dirigente piquetero Luis D'Elía era ejecutable y debía cumplirla en prisión. Se trataba de los tres años y nueve meses que recibió por los destrozos que promovió en junio de 2004, 15 años antes, en la comisaría 24 de La Boca, a raíz del asesinato de "el oso" Cisneros, un dirigente social que habría perdido la vida a manos de un "dealer" al que presuntamente la policía protegía.

Víctor Alderete, titular del PAMI en tiempos de Carlos Menem, comenzó hace un mes a cumplir prisión domiciliaria por hechos de corrupción ocurridos hace 20 años. Él tiene 86.

El 28 de febrero pasado, el ex Presidente Carlos Menem fue absuelto en la causa en la que se investigaba su participación en el encubrimiento del arentado a la AMIA, acaecida hace 25 años.

El viernes 27 de diciembre, tanto Menem como su ministro de Economía, Domingo Cavallo, fueron sobreseídos por la Cámara de Casación en la causa por la venta del predio de la Rural, en Palermo, en 1991. Ambos habían sido condenados a penas de más de 5 años, pero los camaristas entendieron que se había violado la garantía de juzgamiento en un plazo razonable. Habían pasado 28 años desde la venta a la Sociedad Rural por 100 millones de dólares menos de lo que el predio valía.

 

Cristina y el lawfare

El 2 de diciembre último, la en ese momento vicepresidente electa se sentó en el banquillo de los acusados ante el TOF 2 en la causa "Vialidad" y durante tres horas y otras tantas botellas de agua mineral, denunció el lawfare, se consideró una perseguida y aseguró que la historia la había absuelto.

Dio por sentada la existencia de un complot entre los medios de comunicación y sectores de la justicia para perseguir a los opositores (ella aún no había asumido como vice), el lawfare. Aseguró que estaba sentada allí porque había que sembrar en la sociedad la idea de que "el que nos desendeudó y nos libró del FMI era un chorro (sic) que vino a saquear el Estado", en alusión a su esposo, Néstor Kirchner.

Negó enfáticamente haber tenido responsabilidad en la concesión de obras en Santa Cruz a Lázaro Báez y resaltó que la ejecución del presupuesto no le corresponde al Presidente sino al Jefe de Gabinete, uno de los cuales fue Alberto Fernández. Calificó como "chacales judiciales" a los fiscales que instruyeron la causa, vaticinó que se la condenaría pero aseguró que la historia ya la había absuelto. Cuando terminado su encendido monólogo se le preguntó si respondería preguntas, replicó: "¿preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes".

 

Luis D´Elía, sin excarcelación

La Cámara de Casación rechazó el recurso mediante el que Luis D´Elía  buscaba que se le concediera la excarcelación. El dirigente está preso desde principios de año, cuando la Sala Tercera de la Cámara de Casación consideró "ejecutable" su  condena a 3 años y 9 meses de prisión por la toma de la comisaría 24 de La Boca, ocurrida en 2004.

Su defensor, Adrián Albor, interpuso un recurso para reclamar su excarcelación, que fue rechazado por el tribunal que lo condenó. La toma y los daños en la seccional se debieron a la muerte del dirigente social Martín "el oso" Cisneros, asesinado por un dealer al que presuntamente la policía protegía.
Los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, coincidieron con el tribunal juzgador en que, siendo la condena ejecutable, la excarcelación no corresponde.

D'Elía aún tiene pendiente un pedido de prisión domiciliaria por sus problemas de salud, a estudio del Tribunal Oral Federal 6. Mientras no se resuelva, continuará preso en el penal de Ezeiza.