Este lunes, el Gobierno Nacional denunció al ex presidente Mauricio Macri y casi a una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de "material "represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. La denuncia, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. La presentación realizada ante la justicia federal denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

 

De esta manera, los funcionarios del gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales". "El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia. El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, según denuncias públicas de las autoridades bolivianas.

 

 

 

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación. La denuncia señala, además a "Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)". En base a la información recolectada hasta el momento , "se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación", se indicó en la denuncia.

 

 

 

Al hablar esta mañana con radio 10, Soria indicó que a Macri "el Código Penal le queda chico" y dijo que el exmandatario "cargó las armas de la dictadura boliviana". "El Código Penal argentino le queda chico a Mauricio Macri y compañía. No solamente se los investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio y las penurias en las que sumergieron a todos los argentinos, sino también en otros países, por delitos graves", completó. La cuestión fue abordada anoche entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; y de Bolivia, Luis Arce; en una videoconferencia que fue emitida por la TV Pública. En la ocasión, Fernández volvió a plantear que "la Argentina de aquellos días no se portó bien con los bolivianos". "Estoy muy avergonzado porque la Argentina no se haya portado bien. Que el gobierno argentino de entonces (por la gestión de Mauricio Macri) no se haya portado bien. Pero tengo la íntima tranquilidad, Lucho, que sabés que siempre estuve al lado de ustedes y trabajé por la vida de Evo y de tantos compañeros perseguidos en Bolivia", subrayó el jefe de Estado.

 

 

 

Desde La Paz, Arce remarcó que tanto el propio Fernández como el resto de la administración del Frente de Todos "no tenían por qué sentirse avergonzados" ya que, reconoció, "el Gobierno del pueblo argentino se ha portado siempre bien con nosotros, los bolivianos". En el mismo sentido le agradeció al Presidente por "todo lo que han hecho por Evo" y por "todas las gestiones que han hecho para poder darles lo mejor que tenían". Por su parte, la titular del PRO y ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos, Patricia Bullrich, se defendió este lunes de las acusaciones a través de una carta publicada en redes sociales, dirigida al presidente Alberto Fernández. "El gobierno del presidente Mauricio Macri cumplió con su deber de resguardar la Embajada Argentina en Bolivia, protección que alcanzó no sólo al señor embajador y personal diplomático, sino también a dos ministros renunciantes del gobierno del señor Evo Morales: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado Noya", remarcó Bullrich.