Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que el Gobierno apelará al reciente fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, el cual suspende por seis meses el Decreto 461/2025 que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional.

El portavoz del presidente Javier Milei hizo alusión al veredicto de la jueza Martina Forns, el cual le ordena al gobierno abstenerse de ejecutar todo acto administrativo que derive del decreto presidencial 461/2025, destacando que la denominada "Ley Bases" no le otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad.

Sin embargo, Adorni comunicó desde su perfil de X que "el Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional".

El Gobierno comunicó el pasado 7 de julio el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. "La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, dijo Adorni informando el cierre de los organismos.

Además, el funcionario justificó la decisión del Ejecutivo señalando que “hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos”.

Entre otras cosas, el vocero presidencial señaló que hay un total de 5.184 agentes en Vialidad Nacional —1.091 en Casa Central y 4.053 distribuidos en los 24 distritos viales—, un número que para el Gobierno "dificulta la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redunda en altos costos operativos para el Estado Nacional".

La jueza Forns sostuvo que "el decreto emitido por el gobierno vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.

La medida cautelar fue impulsada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), el cual prohíbe al Ejecutivo avanzar con actos administrativos derivados del decreto, como despidos, traslados, cesantías o supresión de estructuras.

La magistrada argumentó que el decreto vulnera derechos laborales y sindicales protegidos por la Constitución y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de que Vialidad, como ente autárquico creado por ley, no puede ser disuelto unilateralmente.

Vale recordar que Vialidad Nacional fue el organismo encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. El objetivo era garantizar la conectividad territorial con rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.