El Gobierno nacional inició su apelación en el caso de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, tras haber perdido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). 

De esta manera, el Ejecutivo buscará que una Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos revoque la decisión que obliga al pago de USD 390 millones, consecuencia de la nacionalización de la aerolínea en 2008, cuando estaba bajo control del grupo español Marsans.

En ese marco, la gestión de Javier Milei argumentará que Titan Consortium, quien posee los derechos sobre el litigio, llevó el caso a un tribunal norteamericano para que se reconozca la sentencia del CIADI y se embarguen activos de Aerolíneas, a pesar de que ya pasaron seis años desde la prescripción del caso.

Otra línea de defensa que podría presentar Argentina es que el fondo que lidera Titan Consortium no es el legítimo beneficiario del litigio. En 2019, el CIADI dictó que el país debía abonar USD 320 millones debido a la expropiación, pero antes de esa resolución, Marsans vendió los derechos del juicio a Burford Capital, quien a su vez los transfirió a Titan Consortium dos años después.

Según las versiones, antes de la nacionalización, el grupo Marsans desmanteló la aerolínea, trasladando aviones a Iberia, que, a su vez, envió los más viejos y deteriorados a Aerolíneas Argentinas. El grupo también vendió activos estratégicos, como oficinas en ciudades clave (Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas), simuladores de vuelo y rutas hacia Europa, lo que deterioró gravemente la capacidad operativa y la competitividad de la aerolínea.

El grupo Marsans dejó de administrar Aerolíneas Argentinas y Austral, acumulando una deuda de cerca de 890 millones de dólares tras adquirir ambas compañías en 2001 por un precio simbólico de un dólar, recibiendo luego aportes del tesoro español por 750 millones de dólares para su funcionamiento.